*Foto Ilustrativa tomada de Internet
Chilpancingo Gro; a 07 de julio del 2020 (IRZA).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” sostiene que a pesar de que las cifras del 2019 y lo que va del 2020 ha sido “el más letal” con víctimas de mujeres defensoras de derechos humanos en México, el gobierno federal ha reducido drásticamente los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia de género, en especial en Estados como Guerrero, donde a pesar de que se tiene una alerta de género los ataques contra las mujeres no cesan.
Este martes “Tlachinollan” participó a través de un enlace virtual en el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el tema del aumento de la violencia contra las mujeres, particularmente de féminas indígenas de Guerrero, en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Sandra Alarcón, abogada de Tlachinollan, señaló que las defensoras recibieron este reporte de la ONU en un contexto por demás adverso en materia de violencia de género: “tras haber cerrado 2019 como el año más letal para nosotras según las cifras oficiales. La pandemia ha agudizado esta situación hasta tal punto que, desde el confinamiento iniciado en marzo, se han roto récords de llamadas de emergencias, asesinatos de mujeres; y se han registrado decenas de agresiones contra defensoras y periodistas, como el asesinato de María Elena Ferral, directora del medio de comunicación El Quinto Poder”.
Afirmó que las medidas que implementan autoridades de Salud en el país para enfrentar la pandemia, “no han contemplado disposiciones complementarias ni diferenciadas frente a esto. La mayoría de las procuradurías y tribunales han suspendido o reducido sus labores, en perjuicio del acceso a la justicia y las medidas de protección a favor de nosotras”.
Y subrayó que el gobierno federal “ha profundizado la austeridad a través de un decreto que reduce el 75 por ciento del presupuesto de la administración pública, sin considerar prioritarios a los programas para la atención a la violencia de género”.
Y puso como ejemplo la precaria situación de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, “programa para atender a víctimas de violencia que prácticamente se ha quedado sin financiamiento; así como el proceso legislativo de la iniciativa de ley que podría extinguir el fideicomiso para el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas”.
Por ello urgió al Estado mexicano a replantear su estrategia de atención a la pandemia para que contemple acciones claras para atender la violencia de género y se aseguren los recursos necesarios para llevarlas a cabo”.
Dijo que, ante ese incremento de casos de violencia de género, “las autoridades estatales se han visto rebasadas ante las medidas de confinamiento que han profundizado el rezago que ya existía en las investigaciones de violencia de género y acciones para su atención”.
Dijo sin embargo que, derivado de este aumento, en un acto sin precedentes, “el pleno del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para agilizar los procesos de investigación de casos de violencia contra las mujeres, especialmente ante la contingencia sanitaria, pero, Sin embargo, no se han impulsado acciones para mejorar este problema”.
Lamento que a pesar de que se han realizado diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para el gobierno de Guerrero a efecto de que atienda de la violencia de género de manera estructural, “el contexto de violencia, corrupción e impunidad vigentes han generado que estas estructuras sean difíciles de cambiar. En la entidad existen varios espacios que buscan coadyuvar a la atención de la violencia de género, de manera institucional y comunitaria, pero se enfrentan a constantes obstáculos para su funcionamiento ante la falta de políticas públicas claras y recursos económicos”.
Ejemplo de ello expuso el caso de Ciudad de las Mujeres en Tlapa, “una institución creada por la extinta Secretaria de Desarrollo Social federal en 2015, que buscaba brindar atención jurídica, médica y psicológica a mujeres indígenas que sufrieran violencia de género; sin embargo, al ser creada por una secretaría que no tenía como objetivo atender la violencia de género, ha sufrido, desde el inicio, de falta de presupuesto, por lo que generalmente no opera”.
Y, por otra parte, este año se terminó la construcción de una nueva Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) en el municipio de Ayutla de los Libres, “sin embargo, a causa del decreto de austeridad presidencial no cuenta con recursos para operar”.
La abogada de “Tlachinollan” señaló que esta precaria situación “se agrava en tanto los estados de la República cuentan con menos partidas presupuestales para la atención de la violencia de género”. (www.agenciairza.com)
