Ciudad de México. 06 de Diciembre del 2016. – Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), admitió hoy que la desaparición forzada representa el “reto principal” que enfrenta México en la materia en el marco de la 159 sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Panamá.
Este reconocimiento no fue anecdótico: en octubre de 2015 el mismo Campa descalificó el informe preliminar de la CIDH, según el cual la situación de la desaparición forzada en México era alarmante. Aseveró, en conferencia de prensa, que el documento “no refleja la situación del país” y que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue “una situación absolutamente extraordinaria”.
Sin embargo, hoy reconoció –“frente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional”– que “México tiene un problema relacionado con la desaparición de personas, ya sea cometida por particulares, por autoridades del Estado, o por particulares con la asistencia o aquiescencia de las autoridades”.
Campa formó parte de la delegación que respondió hoy, a nombre del gobierno mexicano, a las preguntas y señalamientos de representantes de la sociedad civil frente a los comisionados de la CIDH.
El funcionario expuso el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto para “romper las cadenas de impunidad” y que “las autoridades, en particular las de seguridad, no sean nunca más parte de esta violación a los derechos humanos tan grave como es este delito”.
Enrique Gil Botero, relator de la CIDH en México, expresó su “agrado” de que Campa reconociera el fenómeno, ya que “la postura del gobierno mexicano frente al informe de la CNDH fue un poco reacia, en el sentido de que en este informe se evidenciaban desapariciones generalizadas en México e igualmente que no existía claridad respecto del número de personas desaparecidas”.
Asimismo, señaló que el tema de Ayotzinapa “es transversal a toda esta problemática” de la desaparición forzada, “porque puso en evidencia una serie de situaciones que se venían dando desde hace mucho en un margen de impunidad intolerable”.
También reafirmó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa busca que “se abran todas las líneas de investigación lógicas, coherentes y constructivas” para descubrir el paradero de los estudiantes y sacar la verdad a la luz.
Y urgió: “No se puede permitir que haya estructuras de poder, ni políticas, ni militares, ni de ninguna orden, ni de ningún grado, por alto que sea en el Estado, que sean baluartes de impunidad”.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil –entre ellos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México o Fundar– pidieron a la CIDH utilizar el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa para provocar cambios estructurales en las estrategias de búsqueda e investigación en materia de desaparición.
Incluso deploraron que las familias fueron alejadas del proceso de elaboración de la ley general en materia de desaparición –la cual ni siquiera incorpora el término “desaparición forzada” en su encabezado actual–, y denunciaron la falta de recursos y voluntad política para buscar e identificar a los más de 29 mil desaparecidos en el país.
*Información tomada de Proceso
