La emboscada perpetuada en contra del alcalde de Pungarabato (Altamirano) Ambrosio Soto Duarte en los límites del estado de Guerrero y Michoacán, solo demuestra que la batalla por alcanzar la seguridad ciudadana tendrá que esperar un poco más de tiempo.
Nada de lo que podamos decir puede justificar el homicidio del alcalde Soto Duarte, no obstante, asiduamente don Ambrosio desafiaba a la delincuencia contantemente, quizás como un deber o presión ciudadana al ver tanto secuestro, abigeatos y demás delitos.
Lejos de soñar el destino del hoy occiso que pudo evitarse si las precauciones se tornarán más estrictas en su momento y circunstancias, el objetivo del homicidio en su humanidad casi sería complicado de ejecutar, pero escoger horas de la noche pesadas y en otro territorio donde dominaban sus amenazantes, abrió las puertas de las posibilidades con mayor facilidad.
Conozco otros alcaldes amenazados del estado que tienen como regla no viajar a altas horas de la noche, a pesar de contar con escoltas como en su momento las tuvo Ambrosio Soto, dicen que con esta medida si no acaban con el problema, cuando menos no lo provocan o hacen más fácil que cumplan sus planes de homicidio.
De acuerdo a las reglas de seguridad, no hay una protección perfecta ante una amenaza de homicidio, pero si protocolos que pueden ir reduciendo el objetivo de los actores materiales o intelectuales.
Quizás el presidente de Altamirano se confió o dejo un poco fuera algunos protocolos para su protección, esto por supuesto no justifica nada el clima de inseguridad en esa región.
Ya que de acuerdo al actual senador Armando Ríos Piter y Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, en sus declaraciones señalaron que en su momento acompañaron al hoy finado Ambrosio Soto Duarte.
A varias instancias de seguridad nacionales para que le brinden apoyo para su municipio por el grado de descomposición en la inseguridad y no fue apoyado, reconocieron que tenía una ligera protección el presidente, pero que la magnitud del problema de su municipio era mayor.
Independientemente de los índices de violencia desbordados en el estado en algunas regiones la lección de estos hechos no es justificar a nadie, la realidad no se puede ocultar, la inseguridad existe y punto.
Sino que algunos representantes populares sobre todo en Guerrero, deben de cuidar más su integridad, no se trata de evadir las responsabilidades como gobernantes, sino ver que casi todos los alcaldes están limitados hasta la candidez como para estar desafiando a cada rato a un enemigo más poderoso que ellos.
El Estado federal hasta ahorita de no haber reformas es el principal encargado de combatir los delitos federales, después los estados locales y finalmente los municipios en la medida de sus posibilidades en la prevención.