Miguel Ángel Arrieta
Más allá del sentido solidario de la recolección financiera para apoyar damnificados de estados mexicanos lastimados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasados, el apoyo más significativo otorgado por organizaciones de migrantes guerrerenses radicados en diversas regiones de Norteamérica, se refleja en el reclamo generalizado para que la ayuda proveniente de todo el mundo en favor de damnificados sea canalizada única y exclusivamente en favor de las familias afectadas, sin pasar por tamices partidistas o condicionamientos gubernamentales.
De hecho, la exigencia de paisanos establecidos en Las Vegas, Nevada; Chicago, Illinois; Dallas, Texas y ciudades del sur de California, se desprende de la acentuada percepción de que las instituciones oficiales y civiles involucradas en recibir y distribuir la ayuda enviada desde decenas de países, no se ha realizado con la honestidad y la transparencia que debe permear el proceso de entrega de dicha asistencia.
Por lo pronto, los líderes de organizaciones de migrantes dejaron bien claro que independientemente de las acciones realizadas por sus integrantes para recolectar fondos en favor de damnificados, antes que nada, el ejemplo del altruismo socializado debían iniciarlo los partidos políticos con la donación de los millonarios dineros que supuestamente aplican en asuntos electorales.
Este planteamiento fue retomado desde todos los espacios de opinión pública y los partidos terminaron cediendo parte de sus millonarios presupuestos para que se disponga de una gran bolsa destinada a los trabajos de reconstrucción en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
Identificada como la capital mexicana en el extranjero, la ciudad de Chicago fue el escenario del que surgieron las primeras voces unificadas en el reclamo. En esta urbe, el presidente de la Federación de Guerrerenses, Rubén Salgado Alemán, declaró que resulta inadmisible que mientras miles de mexicanos perdieron sus viviendas y patrimonio, el Instituto Nacional Electoral, (INE), indiferente, se preparara a gastar casi siete mil millones de pesos en el financiamiento del próximo proceso electoral.
Desde luego que las mismas expresiones fueron emitidas por líderes de organizaciones de duranguenses, guanajuatenses, michoacanos, jaliscienses, zacatecanos, mexiquenses, hidalguenses, hidrocálidos y tamaulipecos regados en toda la geografía americana, lo que generó la atención de los sectores políticos y gubernamental de México, quienes después de todo no desconocen el hecho de que los migrantes representan el segundo ingreso de la economía mexicana, en base a los más de 30 mil millones de dólares que envían al país a través de las denominadas remesas.
En el fondo lo que los migrantes intentan es que la ayuda aportada por cientos de miles de paisanos desde Estados Unidos, no se diluya en los canales burocráticos y termine entintada con colores partidistas; de ahí que el mensaje codificado iniciado con la exigencia de ajustar el presupuesto electoral, incluya el reclamo para que el gobierno mexicano, los gobiernos estatales y las instituciones altruistas, expliquen claramente donde están los millones de dólares enviados no solo por organizaciones de migrantes; también es necesario conocer el destino real de la ayuda entregada por equipos deportivos internacionales, estrellas del espectáculo, gobiernos extranjeros y fundaciones transcontinentales.
Al final de cuentas, con el paso de los días el tema de transparentar los recursos solidarios se convierte en el filo de la navaja sobre el que caminan funcionarios y civiles responsables de operar los fondos de ayuda internacional.
