Cada vez es más exigida por parte de la ciudadanía la transparencia de los recursos que administran los servidores públicos, sin duda hay una percepción de que todo queda en discurso.
Hasta ahorita no se ha visto que caiga algún alcalde o funcionario municipal o estatal, los exhiben de los presuntos desvíos, pero después no pasa absolutamente nada.
El pasado jueves en el Congreso se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso Público con 37 votos a favor y uno en contra de 46 diputados, en las precisiones de los diputados nada hubo de nuevo sólo arreglar algunos detalles en lo particular.
Va hacer una Ley muy actualizada, se tendrá más precisión en las exigencias hasta de los representantes populares, no obstante, lamentablemente siguen las reservas de que realmente se aplique esa Ley de aquel que no cumpla con la transparencia de los recursos.
En un muestreo a la ciudadanía de cada 10 entrevistados sólo uno dice que cree que pueda aplicarse la ley aquel servidor público que caiga en actos de corrupción, los otros nueve de plano dice que no.
Sin duda la Transparencia le falta mucho camino por recorrer, va hacer un proceso largo para que alcance credibilidad, hasta que no se vea que se aplique, ejemplos hay muchos actualmente, pero de ahí no pasan.
A veces pareciera que no tiene sentido los reglamentos, sobre todo en el ámbito político, la cultura de salvación por compromisos políticos señala expertos es un gran dique para su avance, más en tiempos pre electorales.
Pero algo se tiene que hacer, el detalle será que figuras como revocación del mandato que ya fue propuesta en el Congreso al aprobarse y salir a la luz pública, los encargados de aplicarla tengan voluntad en un momento dado de sacar aquel representante popular que no esté haciendo su trabajo bien.
Se plantea que un en lapso de seis meses ya se puede saber si un representante popular, llámese regidor, síndico, alcalde, diputado local y gobernador, va a dar como se dice el ancho en su puesto
De observar si sólo está de andarse haciendo pura publicidad, relaciones públicas, mal manejo del erario público, nepotismo, ausentismo, sea revocado de inmediato su mandato, no obstante, para eso falta mucho, pero también sería una alternativa más pronta que la propia Ley de Transparencia.
Finalmente, de aplicarse la Ley al mal servidor público quedará en los ciudadanos en seguir exigiendo cuentas claras a los burócratas que no cumplan bien sus funciones, aunque se molesten y crean que es cosa política, ya se debe saber públicamente en que se gastan los recursos de cada impuesto que paga el ciudadano común y corriente.
El dinero que administran es de todos, no de ellos, por ello las exigencias a las críticas que se hacen es sólo parte de un derecho ciudadano, incluso hasta las empresas privadas que venden un producto o dan un servicio se critican ya que pagas un dinero y debes de exigir lo que te anuncian y si no lo tiene te quejas y denuncias.
