Chilpancingo Gro; a 07 de junio de 2020 (IRZA).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” señaló que a 22 años de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, este caso sigue siendo un ejemplo claro de violaciones graves a los derechos humanos, en tareas en las que participa el Ejército, sin un control civil.
Este domingo se cumplieron 22 años de que el Ejército irrumpió en la comunidad indígena de El Charco, donde 11 personas resultaron muertas a balazos y hubo 5 heridos.
“La madrugada del 7 de junio las tropas del Ejército Mexicano llegaron a la escuela primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza y armas de fuego dispararon contra los indígenas que se encontraban pernoctando en la escuela después de una reunión de autoridades comunitarias que habían sostenido”, recordó “Tlachinollan”.
Refirió que el 6 de junio de hace 22 años, en esa comunidad se realizó una reunión “en la que se dieron cita varios comisarios y principales de comunidades vecinas. Analizaban y discutían como mejorar su alimentación y condiciones de vida, así también recibían cursos de alfabetización. Estaba programado que el día 7 al finalizar los trabajos los promotores de salud darían atención médica a los pobladores”.
Agregó que “la mecánica de los hechos y el saldo de asesinados y heridos dan cuenta que el ejército mexicano usó la fuerza de manera desproporcionada. En la represión un niño fue herido de gravedad y 5 fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte. Estuvo detenida junto con los varones”.
Indicó que por esos hechos “nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos. El único expediente de investigación es el que se abrió contra 27 indígenas que les imputaron diversos cargos y se les procesó, estando en prisión más de dos años. Pero hasta la fecha no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, ni se ha investigado la responsabilidad del Ejército mexicano”.
El organización no gubernamental señaló que por este hecho se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el organismo ha emitido informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado”.
Citó que a 22 años de esa masacre, esa comunidad “sigue sumida en la pobreza y marginación. No cuenta con servicios adecuados de salud y educación. El camino de terracería que lleva a la cabecera de Ayutla está en pésimas condiciones y la violencia endógena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades. Por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria”.
En ese sentido y en el contexto de que a través de un decreto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les otorgó facultades extraordinarias en materia de Seguridad hasta el 2025, en tanto se consolida el cuerpo de la Guardia Nacional, “Tlachinollan” dijo que es necesario recordar este antecedente ocurrido hace 22 años.
Pidió a la administración de López Obrador que “abra una investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial para ofrecer, verdad, justicia reparación integral del daño y adopte medidas para que graves violaciones a los derechos humanos, como la de El Charco, no se reediten”.
