*También dijo que combatir a criminales no es violar derechos humanos
Chilpancingo Gro; a 19 de febrero del 2019 (IRZA).- El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró este miércoles que lejos de ayudar, las “policías comunitarias” sólo “complican la vida de los guerrerenses”.
Pese a eso, rechazó que haya acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a solicitar que desde esa instancia se frene el estudio de reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
El lunes, dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron que el Ejecutivo acudió a la SCJN a pedir que frene una reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y sus sistemas de justicia, la cual está en trámite en el Congreso local.
-¿Cuál es su postura?- se le preguntó.
-“Ninguna postura porque no fui, yo no he ido, no sé de dónde sacaron eso. Tiene mucho tiempo que no voy a al Corte. La última vez que fui a la Corte, hace como 3 años, fui a ver a uno de los ministros para tratar el asunto de Punta Diamante (municipio de Acapulco) que en parte tiene un litigio, no he vuelto a ir; no tendría por qué negarlo, pero tampoco tendría por qué aceptar algo que no es verdad”.
Enfatizó: “lo que el gobernador de Guerrero quiere, y estoy convencido que la mayoría de los guerrerenses quieren, es un estado en la normalidad, no lleno de comunitarios que en lugar de ayudar, le complican la vida a los guerrerenses”.
En octubre del 2018, cabe recordar, líderes de organizaciones y autoridades indígenas de la región Montaña impugnaron ante la SCJN la reforma a la Constitución de Guerrero que presuntamente criminaliza a las policías comunitarias.
La citada reforma fue aprobada en agosto del 2018 por la 61 Legislatura del Congreso de Guerrero, encabezada entonces por el priista Héctor Vicario Castrejón, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el perredista Carlos Reyes Torres, como presidente de la Mesa Directiva.
El 2 de octubre del 2018 y en representación del grupo de inconformes, la síndica procuradora del municipio de Malinaltepec, Evangelina Martínez Bernardo, interpuso la citada controversia constitucional ante la SCJN en contra de la modificación al artículo 14 de la Constitución de Guerrero, sobre la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, al señalar que “criminaliza” a las policías comunitarias y las “somete” como “coadyuvantes” de las corporaciones institucionales de seguridad y procuración de justicia.
Sin embargo, el gobernador Astudillo enfatizó que no ha acudido a la SCJN y que tampoco ha solicitado que se deje sin efecto la citada controversia. En todo caso, agregó, se debe dejar que el máximo tribunal federal resuelva.
Consultado sobre el respeto que pidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a las fuerzas armadas para los delincuentes, Astudillo consideró que “enfrentar las olas delincuenciales no quiere decir que se violen los derechos humanos, creo que en ese aspecto hay que ser siempre cuidadoso y yo seré cuidadoso en eso”.
Reconoció que en Guerrero se siguen registrando problemas, pero que también hay acciones, como la visita que realizó el martes el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, al municipio de Zirándaro, en la región Tierra Caliente, donde se registró un brote de inseguridad y violencia.
Comentó que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Justicia, efectuada a las 08:00 horas en la residencia oficial Casa Guerrero, el secretario Portillo entregó un informe de lo que documentó sobre lo que ocurre en aquel municipio.
Y sobre el proceso de pacificación en el municipio de Chilapa, Astudillo dijo que avanza correctamente porque se siguen realizando jornadas los jueves, viernes y sábados, lo que ha permitido disminuir la incidencia delictiva tanto en la cabecera municipal, como en la zona rural, aunque este miércoles se registró un homicidio, el cual ya se investiga, dijo. (www.agenciairza.com)
