Chilpancingo Gro; a 25 de febrero de 2021. A pesar de la pandemia de Covid-19, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero mantuvo su labor cercana a la población y atendió a casi 10 mil personas en el último año.
El presidente de esta institución, Ramón Navarrete Magdaleno, entregó este jueves al Congreso local su sexto Informe Anual de Actividades, en el que se da cuenta de la atención a 9 mil 473 ciudadanos que confiaron en esta institución.
El Ombudsperson fue recibido en el recinto con las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de salud, por la Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Eunice Monzón García; la Presidenta de la Mesa de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández; el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel y el Presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez.
De acuerdo con el informe, durante el año 2020 la CDHEG recibió 582 quejas por actos u omisiones probablemente violatorios a derechos humanos, atribuibles a autoridades del estado y municipales.
La institución defensora de los derechos humanos indicó que 289 quejas ya fueron concluidas y 293 se encuentran en trámite.
En tres casos, la institución logró conciliación entre las partes; también se registraron 36 desistimientos.
En cuanto a las resoluciones, la CDHEG emitió 34 recomendaciones, 61 opiniones y propuestas, 80 acuerdos por no comprobación, 36 acuerdos por solución durante el trámite, 17 casos archivados por incompetencia constitucional y legal; y 22 asuntos turnados por falta de interés.
De las 34 recomendaciones, 24 fueron aceptadas y cumplidas, 12 están en proceso de aceptación y cuatro no fueron aceptadas.
Las autoridades que no aceptaron recomendaciones fueron la SEG, el gobierno municipal de Taxco y el Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Guerrero.
Entre sus funciones, la CDHEG brinda asesorías, orientaciones jurídicas y gestión, privilegiando siempre la conciliación como una alternativa para dar solución inmediata en los casos que impliquen violaciones no graves a los derechos humanos.
Durante el año pasado, la institución brindó 6 mil 629 asesorías en materia civil, penal, mercantil, laboral, administrativa, familiar, agraria y jurisdiccional.
La CDHEG también ratificó su compromiso con la educación y formación en derechos humanos, como parte de la estrategia para combatir la impunidad y fomentar la cultura de la denuncia.
Por ello, el organismo realizó diversas capacitaciones de manera presencial y virtual, entre conferencias, cine-diálogo, talleres, cursos, conversatorios, foros, mesas de trabajo y diversas actividades más, que llegaron a cerca de 2 millones y medio de personas.
El ombudsperson Ramón Navarrete Magdaleno señaló que la pandemia de Covid-19 puso a prueba la eficacia de la CDHEG.
Destacó que, gracias al esfuerzo conjunto del personal, la CDHEG ha mantenido la atención a la ciudadanía de manera eficiente y oportuna.
Para mantener la atención de manera permanente, aún con las restricciones sanitarias, la institución implementó guardias presenciales y puso a disposición de la ciudadanía las herramientas digitales, como son Twitter, Facebook, WhatsApp, Zoom y la página web del organismo.
“Esta estrategia nos permitió cumplir el año con la atención oportuna de los casos planteados ante la institución y resolverlos en buena medida de manera urgente, sobre todo los casos que así lo requerían, como temas de atención a infectados por el Covid-19”, expuso Navarrete.
Afirmó que los resultados obtenidos este año “son satisfactorios” y destacó que, debido a la poca movilidad social, se registró una disminución en los casos de violaciones a los derechos humanos.
El presidente de la CDHEG aseveró que las acciones realizadas por la institución han aportado a la pacificación en el estado y han abonado para alcanzar la justicia.
Algunos ejemplos de la actuación de esta institución en temas de paz y justicia social durante el año pasado son las intervenciones en los conflictos de Alcozacán, en el mes de enero; la atención a víctimas de desplazamiento forzado y el apoyo para la incorporación de familias en el Proceso de Atención a Víctimas de Alto Impacto en el sistema de becas del gobierno federal.
Asimismo, la exitosa liberación de tres personas retenidas por la Policía Ciudadana en la comunidad de Río Velero, en el municipio de Ayutla de los Libres y la participación en las protestas y posicionamientos de grupos feministas que exigen un alto a la violencia, por mencionar solamente algunas de las actuaciones de mayor relevancia.
