Chilpancingo, Gro. 12 de Julio del 2017 (IRZA). – El gobernador Héctor Astudillo Flores aceptó que el problema de inseguridad generada por el crimen organizado afecta severamente a nuestra entidad, y dijo que la “riña” que dejó 28 muertos en el penal de Acapulco obliga al gobierno a realizar cambios profundos.
El gobernador encabezó un desayuno con motivo del Día del Abogado en la Sala de la República del Palacio de Gobierno, donde se entregó el Premio al Mérito Jurídico a Alfonso Neri Carreto, abogado de esta capital.
En su discurso, Astudillo se refirió al problema de la inseguridad, que dijo “es uno de los graves problemas de nuestra entidad suriana generada por el crimen organizado. Este problema no es nuevo y no admite soluciones escuetas ni simplistas. Los sucesos lamentables y reprobables en el penal de Las Cruces, acaecidos la madrugada del jueves 7 de julio, han mostrado la condición precaria y la vulnerabilidad en que se encuentran los reclusorios del estado”, abundó.
E hizo un recuento de hechos sangrientos ocurridos en penales de la entidad, como el motín en 2011 en el mismo Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, que dejó como saldo tres muertos y ocho heridos; en 2014 en el penal de Iguala, donde un comando entró y asesinó a diez personas, lo que obligó al traslado de los reos involucrados al penal de Acapulco, y otro en el penal de las cruces, en 2015, donde tras el asesinato de un preso se registraron manifestaciones y bloqueos en la avenida Costera y afuera del reclusorio.
Astudillo Flores señaló que esos sucesos en los Ceresos “nos enfrentan a la oportunidad de visualizar cambios profundos. Debemos empezar, en colaboración con las instancias federales competentes, por planear y rediseñar el sistema carcelario, para que, a partir de su modernización, podamos relanzar medidas de prevención y de reinserción social”, indicó.
El gobernador consideró que los sucesos en el penal de Acapulco marcan “el camino y la ruta de Guerrero, que es el fortalecimiento de las instituciones. Es necesaria la participación comprometida de los poderes del Estado, los ayuntamientos, la federación y las organizaciones de la sociedad civil, para reforzar nuestra lucha contra la violencia y por la paz”.
En otra parte de su discurso, el gobernador señaló que recibió el gobierno en medio de “una profunda crisis social, política y financiera, pobreza endémica, la presencia del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, desorden urbano, narcotráfico y desastres naturales”.
El jefe del Ejecutivo estatal sostuvo que fue necesario implementar una estrategia de “recuperación del control de las instituciones y de la capacidad de actuación del gobierno; esta estrategia implicó la coordinación con los otros dos poderes del Estado y los 81 municipios”.
En otro tema, el gobernador señaló que, a un año de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “enfrenta diversas críticas que residen tanto en el ámbito de su operación como en su ámbito normativo, lo que obliga a llevar a cabo las reformas legislativas que permitan su consolidación”.
Esas reformas, dijo, deben de ir en el sentido de “ampliar el catálogo de delitos que deben ser objeto de prisión preventiva oficiosa y definir con claridad las normas de vinculación a proceso de los imputados”.
Aunque señaló que esas adecuaciones “de ninguna manera deben ser un retroceso en sus principios, pues debemos tener la capacidad de resolver la aparente contradicción entre los derechos de las víctimas de un delito y los derechos de los imputados”.
