Chilpancingo, Gro. 17 de Agosto del 2017. – A partir de este mes, los capitalinos tendrán que pagar 15 pesos más, a través del recibo por consumo de agua entubada, dinero que supuestamente destinará el Ayuntamiento para, a su vez, financiar la recolección de basura en esta ciudad.
El alcalde Marco Antonio Leyva (MAL) aseguró que “la ley” le permite incluir ese concepto en los recibos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) sin la aprobación del Cabildo.
“Quiero proponer a la ciudadanía algo que me permite la ley: cobrar el asunto de la basura. La ley me permite cobrar hasta 15 pesos al mes por cada domicilio”, en el recibo por consumo de agua entubada, confirmó este miércoles en entrevista en el noticiario matutino de Capital Máxima.
“Creo que lo debemos hacer, no tenemos recursos para hacer esto (la recolección de basura) y la ciudadanía debe contribuir” para pagar ese servicio, advirtió el alcalde, quien agregó que el cobró comenzará a partir del 30 de este mes.
Lo que el alcalde MAL no dijo es que el padrón de la CAPACH supera los 40 mil usuarios, pero sólo entre 12 y 13 mil pagan puntualmente por el suministro, quienes sustentarán los costos de la recolección de basura en las más de 600 colonias de la capital.
Estimó una suma de 250 mil pesos mensuales de ingreso por ese concepto, cuyo financiamiento servirá para comprar camionetas o contenedores de basura que ayuden a prestar el servicio.
“Donde se pongan de acuerdo para poner un contenedor bastante grande, yo me comprometo a que, en dos días, ese contenedor se levante y se retire (la basura)”, manifestó el edil.
Informó que su administración recibió 11 unidades de recolección y que el gobernador donó 4 camiones, más 5 que su gobierno reparó, por lo cual están “rodando” entre 18 y 20 unidades que no alcanzan para cubrir toda la ciudad.
Reconoció que hay una gran molestia de la ciudadanía por el cobro desmedido que hacen los trabajadores de la “basura jefa”, quienes piden entre 15 y 20 pesos a cada persona por llevarse sus desechos, los que dijo, podrían ser regulados en una acción coordinada entre el Ayuntamiento y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
