Chilpancingo, Gro. 23 de Agosto del 2017. – El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Armenta Tello, aseguró que tanto empresas como ex funcionarios de la dependencia podrían enfrentar repercusiones legales por irregularidades en el proceso de reconstrucción de viviendas, derivado de la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, en septiembre del 2013.
Este miércoles sostuvo que la Sedatu-Guerrero presentará 12 nuevas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de igual número de empresas constructoras foráneas que se encargaron de esas obras.
Dijo que las denuncias se deben al incumplimiento de contratos en la reparación de los daños que causaron los fenómenos naturales en casi todo el estado, particularmente en reconstrucción y reubicación de viviendas.
Armenta Tello hizo el mismo anuncio el pasado 11 de agosto y este miércoles, 13 días después, lo reiteró, e indicó que al revisar los contratos detectaron que las empresas no han cumplido con la entrega de obras en los términos establecidos, por lo que se ha procedido a la integración de nuevos expedientes que presentarán ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal.
Añadió que las responsabilidades también podrán recaer en servidores públicos de la Sedatu, quienes en su momento fungieron como responsables de manera inmediata en las acciones urgentes de reconstrucción.
Sobre si esa responsabilidad pudiera alcanzar al ex delegado de Sedatu y actual diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, dijo: “No soy yo quien determina eso”, pero “pudieran resultar funcionarios y también empresas”.
Señaló que la Agencia del Ministerio Público Federal determinará cuál es daño al erario y el impacto financiero de las irregularidades de las empresas, y recalcó que hay conceptos cobrados por obras que no se realizaron.
Precisó que en el caso del fraccionamiento El Mirador, ubicado al sur de Chilpancingo, 32 viviendas serán demolidas, por lo cual cinco empresas ya fueron denunciadas ante la PGR por incumplimiento de ocho contratos.
“El modelo de construcción no fue el adecuado, y nunca les vamos a ganar a las grietas y fisuras” por la deficiente construcción, por lo que se ha solicitado la intervención de las empresas que las construyeron para que realicen las correcciones.
Refirió que en el proyecto inicial de El Mirador se ordenó que no se taparan los cauces de agua; sin embargo, la empresa constructora hizo caso omiso a esta determinación.
