Chilpancingo, Gro. 30 de Junio del 2016 (IRZA). – El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó un acuerdo de su Contraloría interna por el que inhabilitó por seis meses al presidente, cuatro consejeros y el secretario ejecutivo del Consejo Distrital 28 con cabecera en Tlapa, luego de corroborarse que cometieron irregularidades en la elección de junio del año pasado, de forma particular en la elección de presidente de Metlatónoc e Iliatenco, municipios enclavados en la alta Montaña.
También se acordó notificar de la resolución a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE), a petición de los representantes del PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes pedían la sanción máxima de inhabilitación de cinco años.
Durante la sesión del IEPC, se acordó desahogar dos expedientes que se iniciaron contra el presidente del Consejo Distrital 28, Israel Robles Castro; los consejeros distritales Miguel Ángel Escamilla Rodríguez, Abraham Ramírez Garzón, Crisanto Flores González y Libertad Arias Leal, además del secretario ejecutivo, Paulino Moreno Ortiz.
Al presidente, los cuatro consejeros y al secretario, los acusaron de alterar actas y realizar actividades fuera de la normatividad en la elección de los municipios de Metlatónoc e Iliatenco, donde por muy pocos votos en una primera instancia salieron ganadores los candidatos del PRD, en ambos casos, y tras una controversia en los tribunales terminaron por revocar el conteo oficial del Consejo Distrital 28 y dar por ganadores a los candidatos de MC, hoy alcaldes de esos municipios de la Montaña.
El primer dictamen establecía la revocación del nombramiento del presidente del consejo, además de una amonestación pública para él y los cuatro consejeros, que tiene que ver con la elección de Metlatónoc, y por la reincidencia en el segundo dictamen de la elección de Iliatenco, se propuso una sanción de seis meses de inhabilitación que incluye al secretario de ese consejo.
La propuesta provocó la inconformidad de los representantes de varios partidos. Jesús Tapia Iturbide, del MC, criticó que sólo se propusiera una “leve sanción porque quedó acreditado que se hicieron recuentos de votos de manera indebida que pudo traer un enfrentamiento social muy grave en la Montaña. La sanción que se impone no agota la finalidad de la pena de evitar ese tipo de conductas, la suspensión de seis meses no es ejemplar, por la gravedad de los hechos en que incurrieron los funcionarios”.
Ramiro Alonso de Jesús, del PRD, dijo que “tal vez sea insuficiente la sanción a los malos funcionarios, pero no deja de ser inédita, porque no se había castigado a funcionarios que han violado la ley; hay disposición y buena voluntad de la Contraloría, es la conclusión de lo que se pudo observar a través de las documentales del expediente, y plantearía que este consejo dé vista a la FEPADE, (porque) esos mismos funcionarios están acusados en otros expedientes penales, y que se integre al expediente”.
El representante de Morena, Sergio Montes Carrillo, consideró que era grave porque “falsificaron documentos electorales para mentir, estamos hablando de pillos electorales, de que hicieron fraude electoral, es una sanción pírrica sólo seis meses de inhabilitación, debe de ser hasta cinco años, lo máximo que permite la normatividad; esos consejeros distritales estuvieron a punto de provocar un problema social, me sumo a que se dé vista a la FEPADE”.
Por su parte la presidenta del IEPC, Marisela Reyes Reyes, consideró que se trata de sanciones “que dejan precedente y manda un mensaje de que los servidores públicos debemos acatar la ley y cumplir con los principios de la ley electoral”.
La consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz corrigió la propuesta de los representantes de partido y dijo que lo correcto era notificar del acuerdo a la FEPADE, y no dar vista, lo que se agregó a los dos dictámenes.
El representante del PRI, César Julián Bernal, dijo que “nadie debe estar por encima de la ley, si esos servidores cometieron actos que van contra la normatividad, que se sancione; nos reservamos el derecho de analizar si las penas establecidas cumplen con los requisitos” y se dio a conocer que los inhabilitados están en su derecho de impugnar esa resolución.
En la misma sesión se aprobó la adecuación de la estructura organizacional del IEPCG, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.
