Chilpancingo, Gro. 25 de Julio del 2016 (IRZA). – El Gobierno de Guerrero enfrenta una deuda “brutal” con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que durante los últimos cinco años le dejó de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Héctor Apreza Patrón, secretario de Finanzas y Administración del estado, reveló este lunes que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores enfrenta “severos y preocupantes problemas” en materia financiera.
En entrevista expuso que las anteriores administraciones no reportaron el ISR a la SHCP y, en consecuencia, el Servicio de Administración Tributaria comenzó a “hacer descuentos brutales” para reponer esos recursos pese a que no es responsabilidad de actual gobierno.
“En algunos casos son cantidades tremendas y por supuesto que no contamos con ese recurso”, aseguró Apreza Patrón, quien además recordó que tienen una lista de laudos laborales por más de mil millones de pesos acumulados durante los últimos cinco años, pero que eso apenas es el inicio del problema.
Explicó que “en cuanto empiecen a llegar los requerimientos, tendremos que buscar la manera de pagarlos obligatoriamente, si no, la ley establece que serán destituidos los funcionarios sin deberla ni temerla”.
Agregó que de manera “grotesca”, durante el mismo tiempo, el Gobierno de Guerrero dejó de pagar el servicio de “credinómina”, cuyo adeudo es superior a los dos mil millones de pesos.
“Se trata de empresas que les prestan a los trabajadores (estatales), y que a su vez el gobierno les retiene (un porcentaje) para pagarle a las empresas que dan los créditos. El Gobierno del Estado ha empezado a ser demandado y la probabilidad de que perdamos esos juicios es muy elevada”, advirtió.
También informó que el gobierno estatal enfrenta otro adeudo superior a los 500 millones de pesos con proveedores, y acusó también que la administración anterior tampoco dejó recursos para pagar.
“Son las cosas que nos heredó la administración anterior y no es un asunto que yo este politizando; ahí están los datos, están establecidos los años y estamos armando un programa de negociación con el SAT y con la Secretaría de Hacienda para enfrentar este quebranto”, dijo.
Sin embargo, refirió que las investigaciones sobre el desfalco financiero y contra los responsables está en manos de la Secretaría de la Contraloría y que “es un asunto que tardará varios años para estabilizarse”.
En ese sentido señaló que la administración está atendiendo “las tareas más urgentes del gobierno”, derivado del recorte de 554 millones de pesos que aplicó el gobierno federal a las participaciones de julio, lo cual impactó el rubro de servicios.
Sobre el pronunciamiento de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local, de citarlo a comparecer para que explique la situación financiera, Apreza aseguró que está listo para acudir en el momento que sea.
“La instrucción del gobernador es que atendamos todos los requerimientos de información que nos solicite el Congreso. El año pasado acudí ante el pleno a dar una explicación detallada de la iniciativa del decreto de presupuesto de egresos, y cuantas veces sea solicitada mi presencia lo hare con gusto porque el Poder Legislativo merece estar informado de la situación que guardan las finanzas públicas”, estableció.
