Por Baltasar Hernández Gómez ۞
Política, seguridad pública, poderes fácticos ilegales e Iglesia.
Jueves 11 de noviembre de 2021.
En medio de la estampida de búfalos los vaqueros no oyen ni ven más allá de los bramidos y la nube de polvo. Hoy en día la iglesia católica, quien dice ser representante plenipotenciaria de la voluntad de Dios en el hemisferio occidental del planeta, parece haberse olvidado que los Estados nacionales como México, surgieron a partir de la separación de la política de los asuntos religiosos.
La iglesia católica mexicana últimamente no ha insistido en ser protagonista en el ámbito político, tal y como lo fue en los tres sexenios pasados. Abrumada por innumerables cuestionamientos por el papel adoptado en los casi dos años de pandemia, el Estado Vaticano se ha comportado como un organismo enfocado a la dinámica de especulación, acumulando capital, haciendo mutis y emitiendo oraciones y encíclicas para aplacar la sinapsis cerebral de millones de personas que profesan su religión.
No obstante lo anterior, la jerarquía católica en el estado de Guerrero parece ser punta de lanza para poner en funcionamiento una novedosa estrategia para intervenir en política, precisamente cuando se está en los últimos tres años del gobierno del presidente López Obrador.
La élite católica midió el pulso y continúa tomando la temperatura al contexto social y por siempre ello decidió aparecer en unos de las entidades federativas con mayor retraso social y económico, entrometiéndose en los asuntos gubernamentales. Claro, la iglesia católica presiona porque sabe que recién comienza una gubernatura, aparte de que conoce que hay división en la clase política sureña, debilidad financiera y dominio en ciertas regiones de la entidad de los poderes fácticos ilegales.
Ya van tres llamados fuertes del arzobispado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, insistiendo que debe diseñar y operar una estrategia de seguridad que contemple la negociación con grupos delincuenciales, además de profundizar la proximidad social con las clases menos favorecidas.
A la jerarquía católica poco parece importarle que la jefa del Ejecutivo estatal haya respondido que el gobierno tiene ya definida una estrategia, tratando de callar la boca al máximo dirigente católico en Guerrero. Sin embargo, no le hace caso, o bien, el obispo insiste debido a que recibe instrucciones directas de sus jefes ubicados en la Ciudad de México y, estos a su vez del Vaticano.
Evelyn Salgado Pineda puede encaminarse a tomar dos decisiones: 1) Se sienta a platicar con los jerarcas locales de la iglesia católica o 2) Decide aplicar únicamente la política de contención de la violencia emitida por el gobierno federal. Sin embargo, hay un tercer escenario: negociar directamente -en lo oscurito- con el crimen organizado y así pacte la disminución de actos violentos y todo tipo de delitos, claro está con la venia y asesoramiento del poder central.
En los próximos días seremos testigos cuál será el destino de la seguridad pública en Guerrero, pues entre otras cosas, resulta imperativo que el nuevo gobierno proteja sus sistemas informáticos, ya que en ellos están alojados procesos complejos de captación de recursos financieros, nóminas, datos institucionales, de servidores públicos, de averiguaciones previas, de seguridad pública y de recursos técnicos y materiales.
Evelyn Salgado no puede darse el lujo de que la administración pública del estado sea nuevamente “hackeada” o andar por las 7 regiones de la entidad sin vehículo blindado y sin personal de seguridad. Por más que quiera plegarse a los designios del presidente de la República y de los enunciados populistas de su padre, la seguridad es primero.
Y no lo señalo para rendirle pleitesía a la gobernadora por ser mujer y servidora pública, sino porque el estado es de todos y ante cualquier situación de desaparición de Poderes o desequilibrios que puedan alterar el establishment, los primeros en sentir los efectos negativos somos toda la base social.
**Baltasar Hernández Gómez es politólogo, comunicador, asesor, escritor y catedrático-investigador.
