Chilpancingo Gro; a 17 de noviembre de 2021.- Colocar los derechos de las y los niños por encima de los usos y costumbres, propone la diputada Paola Juárez Gómez, como parte de una iniciativa con diferentes reformas a la Constitución local que presentó en la sesión de este miércoles.
La diputada expone que la venta de niños, niñas o adolescentes, para los casos de uniones matrimoniales donde exista un menor de edad, a cambio de alguna prebenda económica o en especie, o la simple unión en matrimonio sin el consentimiento expreso, es una conducta que trastoca todo principio del derecho, de la dignidad humana y, sobre todo, de los derechos establecidos y reconocidos por el Estado Mexicano en la Convención Sobre los Derechos del Niño.
Juárez Gómez refiere que los matrimonios forzados, la trata, la violencia física y sicológica, el abuso sexual y los feminicidios son situaciones que enfrentan las mujeres por el sólo hecho de serlo, pero también por el ambiente de desigualdad en el que viven, y que refuerza la desvalorización de género, citando a Claudia Hasanbegovic, doctora en políticas sociales.
Hace notar que, aunque las uniones hechas bajo el régimen de usos y costumbres no se registran, el despacho de Consultores en Administración y Políticas Públicas hizo en 2015 un recuento de matrimonios legales en el Registro Civil de Chiapas, donde contabilizaron 747 actas matrimoniales donde la contrayente tenía entre 12 y 17 años. El primer lugar lo ocupó Guerrero, con 795 actas.
Advierte que, aunque la Constitución Política reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos, deben respetar los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Sin embargo, estos derechos son violentados por prácticas como el matrimonio forzado, como lo señala el abogado especialista en temas de género, David Vázquez Hernández.
Por ello, la legisladora plantea adicionar un párrafo al artículo 5 de la Constitución donde establece que los derechos de las niñas, niños y adolescentes “serán preferentes sobre cualquier uso y costumbre, el Estado y la sociedad están obligados a garantizar la protección de sus derechos, principalmente aquellos que se refieran a su desarrollo personal integral y a la adopción de las medidas que por su condición de persona lo exijan”.
Al artículo 6 inciso d, d) De los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, sano esparcimiento, y a recibir apoyos complementarios para su educación, le agrega: “y a la decisión sobre su persona para su desarrollo integral, con visión del interés superior del menor sobre cualquier usos y costumbre”.
En tanto que al artículo 9, Artículo 9. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos, atendiendo en todo momento a los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Instrumentos Internacionales en la materia e incorporados al orden jurídico nacional, le agrega: “así como el interés superior de las niñas, niños y adolescentes sobre cualquier uso y costumbre”.
La legisladora concluye que la aplicación de usos y costumbres no puede estar por encima de cualquier principio sobre la dignidad humana de la persona, el consentimiento de quien deba unirse en matrimonio, por el simple hecho de ser menor de edad, debe estar regulado por la autoridad, no puede dejarse a simple arbitrio de una comunidad o de las personas en particular.
