Comisión analiza solicitar al ejecutivo estatal información sobre el Servicio Médico Forense

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Chilpancingo Gro; a 28 de octubre del 2019.- La Comisión de Salud analiza un exhorto al Ejecutivo estatal para que instruya al Secretario de Salud a que presente a la brevedad un informe pormenorizado sobre el funcionamiento del Servicio Médico Forense en la entidad, a efecto de garantizar el debido cumplimiento de la Ley en la materia.

Dicho exhorto que propuesto por los legisladores Norma Otilia Hernández Martínez, Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y Luis Enrique Ríos Saucedo, señala en sus considerandos que el Semefo, por su naturaleza de responsabilidad social y jurisdiccional, debe ser de observancia y evaluación permanente, para garantizar la certeza legal en los servicios que otorga.  

Menciona que, de acuerdo con datos del 2017, había en las instalaciones del Semefo de Chilpancingo 657 cadáveres depositados, cuando su capacidad es de 250. Por lo anterior es que trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyas oficinas están adjuntas, exigieron su reubicación de aquella instancia, dado los olores fétidos que durante más de un mes se estuvieron generando por la descomposición de los cuerpos.

Refieren que de acuerdo con fuentes del Semefo, la acumulación de cadáveres es por el aumento de crímenes en el estado, así como por el trabajo de los Servicios Periciales de la FGE, quienes se retrasan en los exámenes de genética forense, de antropología y dactiloscopia.

“Ante esta situación de alto riesgo sanitario y, sobre todo, de respeto y derecho a los familiares de las personas fallecidas cuyos cuerpos se encuentren depositados en algún Semefo, como legisladores debemos conocer las condiciones en las que operan en materia de salud, de atención y servicio al público, cumplimiento de la Ley, existencia de protocolos de atención, entre otros”, indicaron en la propuesta.

Además, dijeron que las denuncias ciudadanas han trascendido en los medios de comunicación por la presunta mala calidad de los servicios que ofrecen y la atención inapropiada a la población, así como el posible hacinamiento de cadáveres de humanos.