Chilpancingo, Gro., a 02 de Octubre del 2024.- La Diputada María Irene Montiel Servín presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Guerrero con el objeto de incluir la definición de acoso escolar establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dicho ordenamiento estatal, e implementar las debidas sanciones a prestadores de servicios educativos que bajo su cuidado permitan acciones u omisiones que permitan este tipo de abuso.
Al exponer en tribuna el sentido de la iniciativa, la Diputada representante del Partido Acción Nacional refirió que, pese a que los tiempos han cambiado y ciertas situaciones aún se consideran como normales o cotidianas, es importante adaptar la legislación local a la realidad y a los problemas sociales que actualmente se viven en los diferentes rubros, como es el caso del sector educativo.
Al respecto, la Diputada María Irene Montiel detalló que al revisar la ley vigente en materia de educación, se percató de que este ordenamiento no cuenta con un apartado, artículo o disposición que considere el acoso escolar, por lo que resulta urgente que el Congreso del Estado haga las modificaciones pertinentes para integrarlo, así como implementar sanciones, toda vez que es una obligación de las Diputadas y Diputados establecer las bases para garantizar una educación plena y segura para las y los guerrerenses.
Agregó que esta propuesta de reforma también da seguimiento a lo que establece la SCJN, al ser la que determinó las bases que configuran el abuso, así como definir de forma clara el acoso escolar o “bullying”, el cual es todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, mismo que debe ser castigado, al igual que la omisión de las instituciones escolares, sean públicas o privadas.
Agregó que estas acciones contemplan a las autoridades, gubernamentales, de las instituciones educativas y sociedad en general, quienes deben velar para que la niñez y la adolescencia alcance su pleno desarrollo.
“El Estado debe garantizar que la educación se preste en un ambiente seguro y estimulante, cuidando que las escuelas provean un ambiente libre de violencia, generando los ordenamientos jurídicos que garanticen el sano desarrollo y dando cumplimiento a la Declaración sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros”, apuntó.
