Chilpancingo, Gro., a 22 de octubre del 2026.- A fin de analizar los alcances y desafíos de la propuesta de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el Congreso del Estado, en coordinación con la Academia de Técnica Jurídica y Producción Normativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), realizó una conferencia dirigida a estudiantes, docentes y especialistas del derecho, en la que se destacó la importancia de fortalecer el reconocimiento jurídico, la autonomía y la participación de estos pueblos y comunidades.
Durante el encuentro, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura local, señaló que uno de los avances fundamentales de la reforma constitucional es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que fortalece su capacidad para ejercer derechos y acceder directamente a recursos públicos.
El legislador abundó en que dicho reconocimiento representa una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, aunque persisten retos para avanzar en la reglamentación y armonización de las disposiciones constitucionales.
De la misma forma, Sánchez Almazán resaltó la importancia de involucrar a las instituciones académicas y a las nuevas generaciones de profesionales del derecho en el análisis de estas transformaciones.
La conferencia denominada “Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: Alcances, Retos y Perspectivas” estuvo a cargo de Manuel Vázquez Quintero, titular de la Oficina de Representación en Guerrero del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien abordó los antecedentes históricos de la lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos y la reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 30 de septiembre de 2024.
Al desarrollar el tema, el ponente destacó la importancia de continuar el diálogo y la construcción de instrumentos jurídicos que permitan hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, particularmente en materia de libre determinación, autonomía y participación en la vida pública.
En su oportunidad, la diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, destacó el acompañamiento que se ha brindado a los procesos de consulta con las comunidades, así como la necesidad de mantener abiertos los espacios para escuchar sus propuestas y preocupaciones.
En ese contexto, la legisladora convocó a las y los estudiantes a conocer, analizar y debatir la propuesta de Ley General, con el objetivo de contribuir a la construcción de un marco jurídico que responda a las necesidades de los pueblos originarios.
A su vez, la diputada Guadalupe García Villalva, vocal de esta última comisión, resaltó que la organización comunitaria ha sido fundamental para alcanzar avances en el reconocimiento de los derechos de la población afromexicana.
La legisladora compartió su experiencia en el municipio de Copala, de la región Costa Chica, donde impulsó acciones para fortalecer la identidad y el orgullo por las raíces culturales, destacando que actualmente 12 comunidades afromexicanas de ese municipio reciben recursos directos para atender sus necesidades.
De igual manera, García Villalva hizo un llamado a las juventudes a valorar su identidad, combatir los prejuicios y continuar trabajando para que los derechos reconocidos se traduzcan en mejores condiciones de vida para sus comunidades.
La actividad se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAGro, con la participación de Jehová Méndez Olea, coordinador de la Academia de Técnica Jurídica y Producción Normativa de la Facultad de Derecho; Antonio Arizmendi Flores, en representación del director de la Facultad de Derecho, José Antonio Soto Soto; César Rosas Herrera, director de la Facultad de Filosofía y Letras, y Zaira Gallegos López, directora de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guerrero, así como integrantes de la comunidad universitaria y público en general.
