Tras un largo proceso legal seriamente afectado por la mala señal de Internet que impedía la realización de audiencias a distancia, en donde la inculpada se conectaba desde la cárcel por ser considerada “rea de alta peligrosidad”; a más de 50 días en huelga de hambre, yace la figura totalmente debilitada de la inquebrantable Kenia Inés Hernández Montalván, activista y defensora de derechos de indígenas y mujeres en el país.
Los delitos que se le imputan son robo y manifestarse en vía pública, sin embargo, el grupo de jueces han determinado que Kenia Hernández no es una mujer sumisa y por lo tanto “alborota” a la sociedad mexicana a reclamar sus derechos. Ya se cumplió un año y la activista permanece en una cárcel de máxima seguridad.
Sus acusadores son funcionarios de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes se han cerrado a negociar la libertad de la activista, por el hecho de haber participado en protestas que cerraron autopistas para presionar a las autoridades a respetar los derechos humanos de los indígenas. Dichas manifestaciones fueron grupales, sin embargo, Kenia Hernández, es la única acusada.
Su caso ha llamado la atención de organizaciones y colectivos nacionales e internacionales, pues la saña de la justicia en México ha puesto contra las cuerdas a una mujer de origen guerrerense, que, desde su trinchera, se ha dedicado señalar las desigualdades sociales, no obstante, permanece en el olvido, debilitada por la huelga y a punto de ocurrirle una tragedia.
Kenia Hernández es indígena amuzga y la primera vez que fue detenida, según consta en una publicación del periódico nacional El Financiero, fue el 6 de junio de 2020, en la caseta de cobro de la carretera Toluca-Valle de Bravo, conocida como La Hortaliza.
Ante las manifestaciones de sus colegas del Colectivo Zapata Vive, Hernández Montalván fue liberada para seguir su proceso desde fuera de la cárcel, sin embargo, fue detenida nuevamente el 18 de octubre de 2020, en Amozoc, Puebla, por elementos de la Policía de Investigación, al cumplir una orden de aprehensión fechada al 3 de agosto de 2020.
Kenia Hernández estuvo también presa en Acapulco y todo indicaba que saldría otra vez para llevar su juicio en libertad, sin embargo, funcionarios de la Capufe, involucraron a la Fiscalía General de la República (FGR), quien le hizo saber a la activista que permanecería en una pensión federal hasta que su caso fuera dirimido en las instancias correspondientes.
Repudian organizaciones actuación de las autoridades
Kenia Inés Hernández Montalván es defensora de derechos humanos en México, actualmente se desempeña como coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y por un extenso periodo ha sido una de las dirigentes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
El Colectivo Libertario Zapata Vive es un movimiento social campesino que defiende los derechos de la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacífica frente a modelos de desarrollo de enfoque neoliberal impuestos por el Estado Mexicano. Kenia ha dedicado parte de su vida a la defensa de los derechos humanos, donde ha enfrentado continuas amenazas de muerte por parte de grupos como la Unión de organizaciones y Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG), grupos paramilitares y hostigamientos por fuerzas policiacas del Estado de México.
Por lo anterior, organizaciones internacionales y de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el Estado de Guerrero, del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, el Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos y la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, el Colectivo Libertario Zapata Vive, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC, entre otros, exigen su libertad inmediata, luego de un proceso “amañado” y que atenta contra la vida de la luchadora social.
Kenia Hernández espera sentencia. En su celda oscura y fría. Debilitada por más de 50 días sin probar alimento, confía en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, revise su caso y pueda hacerse justicia, cuya libertad no sólo será un triunfo para los colectivos de defensores de derechos humanos, sino para toda la comunidad indígena mexicana.
