Chilpancingo, Gro. 16 de Octubre del 2016 (IRZA). – El Poder Judicial del estado requiere entre 800 y 900 millones de pesos en el 2017 para cumplir con las disposiciones del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, sin descuidar el sistema tradicional que se encuentra en periodo de transición.
Robespierre Robles Hurtado, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), estimó que en un plazo de entre uno y cinco años cumplirán al cien por ciento con la transformación del nuevo modelo de justicia, aunque agregó que estudios internacionales indican que tardaría entre 10 y 15 años.
“Lo estamos haciendo en tiempo y forma. Guerrero cumplió con los decretos en la fecha de entrada en vigor; cumplió en infraestructura. Estamos viendo que la previsión de este sistema no sea sólo para salir del paso”, indicó.
“Si está vigente el sistema tradicional, obviamente el costo se incrementará con el nuevo sistema hasta en tanto podamos extinguir el anterior. Son temas que debemos balancear administrativamente”, señaló.
En entrevista, insistió en que el nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor en junio de este año, se encuentra en vías de consolidación, pero aclaró que “ya está instaurado, ya está en vigencia en todo el estado y el país; ahora estamos trabajando para generar confianza ciudadana con información, resultados y que se ataque la corrupción y se privilegie la rendición de cuentas”.
Robles Hurtado explicó que, para consolidar el nuevo sistema de justicia en Guerrero, el TSJ requiere para el próximo año un presupuesto de entre 800 y 900 millones, lo que significa un aumento del 30 por ciento en comparación a los 600 millones de este 2016.
Agregó que el Poder Judicial asumió la titularidad de la Defensoría Pública, los nuevos edificios de la implementación de la reforma penal, así como los servicios como medios alternativos de solución de controversias.
“Entiendo que no son momentos fáciles, pero tendrán que repercutir también en el presupuesto, porque a nivel federal se han aplicado recortes de recursos a las entidades. Si bien hay carencias, nosotros estamos tratando de ajustarnos al presupuesto para que, a pesar de estos recortes, los servicios de justicia no se vean disminuidos”, dijo
Informó que también está prevista la creación de nuevas plazas para el sistema de oralidad, incluyendo los gastos administrativos que esto causará, así como de la Unidad Permanente de Capacitación y el programa de digitalización del Poder Judicial, que se prevé poner en marcha a partir del 2017.
“No podemos aumentar plazas hasta en tanto no esté aprobado el presupuesto; estamos tratando de cuidar esta situación administrativa. Buscamos que los jueces, secretarios y personal administrativo adscritos al sistema tradicional, migren al nuevo sistema de justicia previa capacitación y evaluación, y procuramos que no nos impacte tanto al tener en operación dos sistemas”, expuso.
