Chilpancingo, Gro. 29 de Junio del 2016 (IRZA). – Autoridades y presidentes de asociaciones ganaderas buscan que el delito de abigeato sea investigado de oficio por las autoridades ministeriales, con el objetivo de castigar con penas más severas a quienes se dedican a esto.
Asimismo, dijeron que el presunto culpable debe quedar necesariamente sujeto a proceso penal hasta llegar a la sentencia, evitando así que evada la justicia.
El presidente de la Unión Ganadera del Estado de Guerrero, Atalo Niño Ramírez, señaló que están buscando con diputados locales la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que reforme y adicione la fracción V del artículo 256 del Código Penal del Estado de Guerrero, para que el abigeato sea un delito que se persiga de oficio, pues tan sólo en la región de la Costa Chica se registran hasta cien robos de cabeza de ganado al mes.
“El año pasado en esta misma región se registraron más de mil robos de cabezas de ganado, por lo que pedimos el apoyo de diputados y alcaldes para que sean los gestores, para que estos casos ya no queden impunes como hasta la actualidad, pues a pesar de que se ha llegado a descubrir a los delincuentes, sólo les es quitado el ganado y después de una multa administrativa salen libres”, abundó el dirigente ganadero.
Niño Ramírez dijo que los ganaderos han optado por conformarse al saber que fueron robados, que gastar dinero en investigaciones, pues salen pagando más “gratificaciones” que la recuperación de sus animales, y que en la gran mayoría de los casos nunca se recuperan las reses o porcinos hurtados.
Por otro lado, el presidente ganadero dijo que ha escuchado a sus colegas decir que cuando identifican a los ladrones y los denuncian a las autoridades, siempre hay alguien que les avisa y terminan por recibir amenazas de muerte, hecho por el cual han dejado de denunciar los casos, y mejor invierten en el pago de seguridad para sus animales.
Añadió que el robo de ganado ha tenido un gran impacto en la región, y aseguró que en los últimos diez años ha tenido un crecimiento exponencial, sin que la norma penal vigente haya logrado disuadir a los delincuentes, por el contrario, se sigue afectando a la economía del ganadero y de su familia.
