Chilpancingo, Gro. 30 de Agosto del 2017. – El ex procurador de Justicia en el mandato del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, David Augusto Sotelo Rosas, informó al Congreso del Estado que “estaba impedido legalmente” para intervenir en las “actuaciones” sobre el asesinato del entonces diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.
Mediante oficio fechado el jueves 24 de agosto, al cual IRZA tuvo acceso, Sotelo respondió a los señalamientos del fiscal Xavier Olea Peláez, quien señaló que “en otros gobiernos nunca se avanzó en las investigaciones de ese artero homicidio”.
El documento fue dirigido a la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en “referencia” al “párrafo segundo” del informe que entregó Olea Peláez el 31 de julio sobre el crimen del perredista Armando Chavarría.
Informó que la averiguación previa que inició la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el homicidio de Chavarría, ocurrido la mañana del 20 de agosto del 2009, fue atraída el 4 de junio del 2010 por la Procuraduría General de la República (PGR).
Sotelo recordó que la 59 Legislatura local aprobó su nombramiento como procurador de Justicia el 20 de junio del 2010, mediante decreto número 439; es decir, 14 días después de que la PGR atrajo la averiguación.
Agregó que su cargo de titular de la PGJE concluyó el 31 de marzo del 2011, al concluir también la administración del ex gobernador Torreblanca Galindo, “fecha hasta la cual ningún órgano de procuración y/o de administración de justicia federal remitieron la averiguación a la procuración de justicia local”.
“Por información difundida en periódicos de circulación estatal, la Procuraduría General de la República envió de regreso dicha indagatoria a la Procuraduría General del Estado de Guerrero en mayo del 2011”, dijo, fecha en que trascurría ya la administración del defenestrado ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Tras ese argumento, Sotelo Rosas señaló que, en su carácter de procurador, así como los agentes del Ministerio Público del Fuero Común “estábamos impedidos legalmente para realizar actuaciones en la indagatoria, durante el tiempo en que fue atraída por la Procuraduría General de la República y durante el tiempo en que estuvo en el Poder Judicial Federal”, afirmó.
El documento del ex procurador de Justicia de Guerrero fue remitido a la Comisión de Justicia para su conocimiento, a la que también se remitió el informe del fiscal Xavier Olea Peláez sobre el mismo caso, el cual no revela el móvil ni los responsables del asesinato, como había prometido al 26 de junio al comparecer en la sede del Congreso.
