Chilpancingo, Gro. 07 de Diciembre del 2016 (IRZA). – El Congreso local aprobó este miércoles un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores para que a través de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se realice un diagnóstico de las zonas con mayor incidencia de extorsión en contra del magisterio, y con base a los resultados se elabore un protocolo de seguridad en los planteles educativos de la entidad.
La propuesta del diputado Ernesto Fidel González Pérez (PRD), en la sesión de este miércoles, demanda también la implementación de una “estrategia de seguridad” fiscalizada para la temporada de fin de año, en coordinación con las fuerzas federales y policiacas.
El propósito es “reforzar y garantizar la seguridad del personal administrativo y educativo en la entidad”, señala el punto de acuerdo aprobado por unanimidad.
En tribuna del Poder Legislativo, González Pérez dijo que el último estudio del Instituto para la Economía y la Paz, las ciudades de Acapulco y Chilpancingo “son de las más violentas del país”, cuyo problema se ha agravado en este 2016 e incluso “incrementado sus índices en comparación de años anteriores”.
Indicó que “la radiografía de la violencia” en la entidad se ha polarizado, al grado de que los cambios en los mandos de seguridad pública y del Ejército se han empezado a operar de forma sistemática.
En ese sentido, citó el reciente nombramiento del General de División, Germán Javier Jiménez Mendoza, como comandante de la Novena Región Militar con sede en Acapulco, ante la ausencia de resultados de su antecesor.
“La realidad es que la estrategia de seguridad pública en la entidad ha fracasado en el esquema impuesto desde el gobierno federal. No existe consistencia en los procesos que implican su depuración, capacitación y profesionalización de las fuerzas policiales ante la ausencia de presupuesto destinado en el ejercicio presupuestal 2016 y 2017”, afirmó.
El legislador alertó que el estado pasa por un “proceso de inseguridad muy alto” y que la población vive con miedo al salir a las calles y que las familias no pueden salir a las calles.
Destacó que muchos sectores productivos han sido hostigados por el crimen organizado, pero destacó el magisterial porque, aseguró, las denuncias son más recurrentes y sistemáticas por la exigencia del “pago de piso” ante la proximidad del pago de aguinaldo.
Reprochó que, ante ese problema, las instancias educativas y de seguridad pública “han guardado silencio”, y que hasta ahora “no se conoce un plan específico” que impida que en el sector magisterial sean extorsionados por grupos delincuenciales, “ni se ha hecho pública una estrategia preventiva de fortalecimiento de seguridad que permita no exponer a los miles de alumnos en sus centros escolares”, dijo.
Demandó la implementación de botones de pánico, teléfonos, cámaras de video en cada escuela y el patrullaje permanente en las zonas más marginadas de Iguala, Taxco, Acapulco y Chilpancingo, las cuales recientemente han resentido una espiral de violencia sin precedentes.
