Chilpancingo Gro; a 16 de agosto del 2019.- La fracción del PRD del Congreso local insistirá en que el Programa de Fertilizante, que operó el gobierno federal en este 2019, sea intervenido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para conocer cuántos campesinos se quedaron sin el abono.
“Desde este Congreso vamos a pedir un informe de cómo estuvo ese reparto de fertilizante”, confirmó el diputado Robell Urióstegui Patiño, quien aclaró que no buscan “llevar la contra”.
“Tiene que haber transparencia en este tema, no con el afán de llevar la contra a lo que hace el gobierno federal, simplemente que se nos dé información de cuántos (productores) beneficiarios fueron, con qué cantidad (de insumo) y cuánto dinero se invirtió”, dijo en entrevista con Agencia de Noticias IRZA.
La inconformidad en relación con la operación del programa cobró relevancia, nuevamente, luego de que ocho de los nueve alcaldes de la región Tierra Caliente señalaron que miles de campesinos no recibieron el insumo.
Los alcaldes denunciaron también que los “servidores de la nación” -estructura de Morena en el gobierno federal- “están vendiendo el fertilizante”, lo que ha generado un nuevo conflicto social y político en esa zona.
Al respecto, el diputado perredista consideró que “hubo mucha desorganización” en la distribución del abono: “no es el tema como lo han manejado ciertos representantes del gobierno federal de que se quiere hacer malversación de este programa. Las organizaciones sociales quieren que se les entregue el insumo a los campesinos, quieren que se cumpla con la gente que se inscribió en el padrón”.
Hace dos semanas, en entrevista radiofónica, Jorge Gage Francois, coordinador nacional del programa, dijo que el padrón de beneficiarios se había duplicado.
“Dicen que (el padrón) se duplicó, pero ellos pusieron las reglas. Ellos sacaron una convocatoria y la gente que cumplió, pero hubo una gran desorganización, había gente que les daban tres bultos, a otros se les dieron cuatro, a otros seis, a otros doce bultos. Fue un tema organizativo, no fue otra cosa. No hubo dolo por parte de nadie, simplemente que no se imaginaron la dimensión de lo que es atender a 400 mil productores, creían que era algo sencillo y que en 15 o 20 días lo iban a resolver, y no fue así”, indicó.
Por eso insistió en que es indispensable auditar el programa para despejar todas esas dudas, sobre todo para saber cuántos productores se beneficiaron, cuánto recurso se utilizó y el esquema de distribución, así como los procesos de licitaciones. “Creo que hubo una por 40 mil toneladas, las demás ya no se licitaron”.
