Chilpancingo Gro; a 23 de septiembre del 2019.- La diputada Mariana Itallitzin García Guillén propuso una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero, para castigar con 6 y hasta 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a quienes cometan el delito de desplazamiento interno forzado.
La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena argumenta que el desplazamiento interno forzado se ha dado desde la década de los 70, ocasionado fundamentalmente por intolerancia religiosa, conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales en estados como Nayarit, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y por supuesto Guerrero.
Señala que las víctimas de desplazamiento son por lo general niños y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y mayoritariamente madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la de su familia.
Dijo que, de acuerdo con el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, luego de que al menos cinco mil personas se han desplazado de sus hogares debido a los conflictos suscitados durante el año 2018.
“Los afectados pertenecen a 22 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión, donde se reportaron más agresiones de grupos delictivos, lo que llevó a catalogar al menos 13 distintos hechos como desplazamiento forzado de grandes cantidades de ciudadanos”, abundó.
Por estas razones, García Guillén considera urgente emprender más acciones tendentes a proteger a las personas a quienes se les han violentado sus derechos fundamentales, ya que las emprendidas han sido insuficientes.
También deja claro en su iniciativa que no se entenderá por desplazamiento interno forzado el movimiento de población que realice la autoridad con el objeto de dar seguridad a las personas por la presencia de fenómenos naturales o por mandamiento judicial.
