Por: Enrique Villagómez
Acapulco, Gro. 29 de Agosto del 2016. – Diputados y regidores priistas pidieron al alcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre, que retire la solicitud de crédito por 158 millones de pesos, que pido a una institución financiera, porque incurrió en diversas irregularidades para lograr que el cabildo aprobará dicha petición, además de que con el préstamo se incrementaría la deuda que actualmente no puede pagar el municipio.
En conferencia de prensa conjunta, el Diputado Samuel Reséndiz Peñaloza, afirmó que en el tema del crédito por 158 millones de pesos que se solicitó al Banco Interacciones, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, “ha actuado con opacidad, desprecio a la ley y con prepotencia”, porque primero afirmó que el empréstito se destinaría para el pago del pasivos con instituciones como el Infonavit e ISSSPEG, luego que se ocuparía para cubrir el gasto corriente, y posteriormente señaló que sería para inversión aunque no indico de que tipo.
El legislador indicó que la solicitud del crédito es inconstitucional e ilegal, porque viola la Ley de Ingresos municipal que aprobó el Congreso Local, a propuesta del mismo Ayuntamiento de Acapulco, el cual indica claramente en su artículo 160 que el Ayuntamiento tendrá la facultad de gestionar y allegarse de ingresos extraordinarios por concepto de empréstitos o financiamientos, previa autorización del Congreso del Estado, lo cual no consideró y mucho menos respeto.
Destacó que la solicitud de crédito también viola el reglamento interno de cabildo en su artículo 65 y 66 que indica que para presentar un proyecto de esa índole hay que hacerlo con tres días de antelación a través de la Secretaria General, lo cual tampoco se hizo.
Conforme al artículo 9 de la Ley de coordinación Fiscal, este acuerdo también sería ilegal, ya que comprometería las participaciones federales que corresponden a Acapulco, al otorgarlas como garantía sin contar previamente con la autorización del Congreso del Estado.
Puntualizó que esto último es muy importante, porque se han amparado en la Ley de disciplina financiera de las entidades Federativas y Municipios, para justificar la solicitud de crédito, pero esto no fue mencionado en el acuerdo de cabildo con el que se logró la aprobación y mucho menos se informa de manera correcta.
Precisó que aun cuando la referida ley en su artículo 30, establece que, si el préstamo solicitado no rebasa el 6 por ciento del presupuesto del municipio solicitante, no se requiere que sea aprobado por el Congreso.
Sin embargo, en el artículo 26 de esa misma Ley, claramente se especifica que cuando el crédito rebasa los 10 millones de unidades de inversión (UDIS), que en pesos serian alrededor de 54 millones, éste tendrá que haber cumplido con la obligación del Municipio de implementar un proceso competitivo con por lo menos 5 instituciones financieras (licitación o concurso) para adjudicar el contrato relativo, lo que tampoco se hizo.
“De aprobarse la línea de crédito, el presidente municipal estaría autorizando una adjudicación directa al Banco Interacciones, omitiendo la participación en condiciones de equidad de otros bancos, y con ello el contrato relativo seria nulo por un evidente acto de corrupción”, indicó.
