Por: Enrique Villagómez
Acapulco Gro; a 08 de junio del 2020.- La juez María Guadalupe Urrutia Martínez, fue denunciada porque, a través de su cargo como representante de la ley, intenta apropiarse de los bienes materiales y la pensión que dejo a su esposa e hijas el medico Roberto Urrutia Martínez, antes de morir el pasado 18 de febrero del presente año.
De acuerdo con la señora Velinda Rodríguez Arizmendi, viuda y madre de tres hijas, la juez María Guadalupe Urrutia Martínez, quien era hermana de su finado esposo, pretende despojarlas ilegalmente de dos propiedades que tienen en ciudad Renacimiento y en el municipio de Cuautepec, valiéndose de su posición como representante de la ley y su cercana amistad con el magistrado Alberto López Celis, para que desconozca el derecho que por ley las ampara como legitimas herederas de los bienes que en vida formaron conjuntamente con el ahora difunto.
A través de una video conferencia, la señora Rodríguez Arizmendi acusó que la juez Urrutia Martínez quien trabaja en los juzgados civiles de Iguala Guerrero, ha promovido ante el IMSS y otras instancias que desconozcan su matrimonio que por más de 20 años sostuvo con el medico Roberto Urrutia Martínez, y de esa forma adjudicarse la pensión que por ley le corresponde a su familia, así como también quedarse con las dos propiedades que tienen.
Con voz quebradiza debido a la impotencia, la denunciante aseguró que la juez María Guadalupe Urrutia Martínez, pretende despojarlas de todos sus derechos con el argumento de que su hermano murió intestado, y que por eso todos los beneficios deben ser para ella y no para la viuda y sus tres hijas.
Señaló que ella y sus tres hijas no son malas personas y mucho menos tienen recursos para costear una batalla legal, para lograr que las autoridades les reconozcan sus derechos que tienen como familia del ahora extinto.
Antecedentes oscuros de la Juez María Guadalupe Urrutia Martínez
En 2014, esta juez María Guadalupe Urrutia Martínez, fue acusada públicamente de actuar parcialmente en un caso de guarda y custodia de un menor de edad.
En 2015, se solicitó públicamente su salida como juez por mala impartición de la justica.
En 2016, fue removida como juez de lo familiar luego de ser acusada por fraude y abuso de autoridad.
En 2018, fue acusada públicamente por cobrar fuertes cantidades de dinero para adjudicar sentencias definitivas.
