Chilpancingo Gro; a 27 de diciembre de 2021.- Fue aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos que regirá en Guerrero durante el Ejercicio Fiscal 2022, , para quedar en un presupuesto total de ingresos por la cantidad de 67 mil 690 millones 875 mil 551pesos, en lugar de 68 mil 388 millones 486 mil 352 pesos, como se contemplaba originalmente.
Esto, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que los recursos federales para el Estado disminuyeron en 1.02 por ciento.
La Comisión de Hacienda que preside el diputado Bernardo Ortega Jiménez, estimó pertinente hacer las adecuaciones en la estimación de los ingresos federales que se autorizaron en el presupuesto de egresos federal 2022, específicamente en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado.
El dictamen presentado por el presidente de la Comisión, Bernardo Ortega Jiménez, detalla que las modificaciones que se presentan en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el 2022, se registran en el rubro de Participaciones Federales Ramo 28 y Aportaciones Federales Ramo 33, quedando de la siguiente manera:
En lo que respecta al rubro de Participaciones Federales Ramo 28, se disminuye un total de $194,027,043.00 millones de pesos, al pasar de 23 mil 103 millones 508 mil 106 pesos a 22 mil 909 millones 481 mil 065 pesos, recursos que decrementan en un 1.84% en relación con la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el 2022, los cuales son programas federales etiquetados para el Estado de Guerrero, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
En el rubro Fondo General de Participaciones, disminuye 213 millones ,917 mil 239 pesos; en el Fondo de Fomento Municipal disminuye 2 millones 766 mil 653 pesos; en el Fondo de Fiscalización y Recaudación disminuye 2 millones 528 mil 873 pesos y en en el Fondo de Compensación disminuye 13 millones 744 mil 473 pesos.
En Aportaciones Federales Ramo 33, pasa de 41 mil 431 millones 287 mil 870 pesos a 40 mil 927 millones 704 mil 110 pesos, que representa un decremento del 1.22%, disminuciones que impactan en los rubros siguientes:
En el Fondo Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS), pasa de 8 mil 356 millones 916 mil 905 pesos a 7 mil 908 millones 332 mil 317 pesos; en el Fondo Aport. para el Fortalec. de Municipios (FORTAMUN), de 2 mil 644 millones 299 mil 250 pesos, pasa a 2 mil 615 millones 108 mil 602 pesos; en el Fondo Aportación Múltiple (FAM) de 1 mil 284 millones 112 mil 212 pesos, pasa a 1 mil 276 millones 912 mil 741 pesos, y en el Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) pasa de 2 mil 084 millones 945 mil 532 pesos, a 2 mil 066 millones 336 mil 479 pesos.
Advierten además que ante “la incertidumbre económica y financiera internacional es importante tomar en cuenta que aun cuando ya se autorizó el presupuesto de egresos de la federación y la recaudación federal participable, no es garantía de que deba distribuirse, ya que dependiendo del comportamiento de la recaudación federal en ese mismo sentido se tomará en cuenta para distribución”.
Con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas públicas municipales, se reintegra vía aportación estatal extraordinaria, un porcentaje del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal efectivamente pagado.
Y con la finalidad de impulsar y fomentar el desarrollo de la actividad económica de la Entidad, y toda vez que la actividad inmobiliaria sostiene o apoya económicamente a un importante número de familias del Estado y cuyo gravamen afecta el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles destinados a casa habitación, se otorga un estímulo al impuesto cedular por arrendamiento de bienes inmuebles destinados a casa habitación del 100%, mediante la expedición del Acuerdo correspondiente.
En el apartado de “Conclusiones”, el trabajo de la Comisión Dictaminadora consistió en verificar los aspectos de legalidad, de homogeneidad en criterios normativos aplicables.
La Iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el gobierno estatal, establece la meta de cumplir principios de austeridad republicana, institucionalizar una política tributaria que favorezca el crecimiento económico; así como de establecer los recursos para atenderé la seguridad, educación, campo, salud, la paz y equidad de género; con los que se otorgarán servicios de calidad, priorizando la participación social, la legalidad y rendición de cuentas, con sensibilidad y eficacia.
Así como combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción y alcanzar la justicia y un verdadero estado de bienestar.
