Chilpancingo, Gro. 16 de Marzo del 2017 (IRZA). – El despido de 24 policías preventivos de Chilpancingo, que ejecutó el Ayuntamiento, es irregular y carece de legalidad, debido a que a que el procedimiento de baja no fue avalado por el Consejo de Honor y Justicia.
La baja de los elementos la acordó unilateralmente el enlace del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortaseg), Efraín Zúñiga Cortés, lo que constituye una fragrante ilegalidad.
De acuerdo con el síndico procurador, Miguel Ángel Hernández Gómez, el proceso de baja de los 24 elementos preventivos no se remitió al Consejo de Honor y Justicia que él preside, y que sin su firma fue ejecutado.
“Fue un proceso que no fue visto por la Sindicatura. No hubo tal documento para que se iniciara el procedimiento, y esa separación no se hizo a través del Consejo de Honor y Justicia”, confirmó.
En entrevista informó que el secretario de Seguridad Pública, Esteban Espinoza Montoya, se los notificó verbalmente, y días después Zúñiga Cortés ejecutó su baja por escrito, sin el anexo de los resultados de sus exámenes de control y confianza.
“Hay un procedimiento administrativo y jurídico que no se siguió. Su servidor (el síndico), es el que tiene que firmar su baja”, expresó el también presidente del Consejo de Honor y Justicia del Ayuntamiento.
Previo a la sesión de Cabildo de este jueves, Hernández Gómez informó que solicitará formalmente un informe detallado sobre el procedimiento de baja de los 24 policías y los criterios de Zúñiga Cortés para hacerlo.
Otra irregularidad, dijo, es que el gobierno de Marco Antonio Leyva Mena dio de baja sólo a 24 policías, pese a que toda la corporación, incluyendo mandos medios y superiores, tienen que someterse a la misma evaluación de control y confianza.
“Hay personas que no están evaluadas, pero cobran. Necesitamos saber quiénes están evaluados, si pasaron el examen y por qué a ellos no se les despidió, si fuera el caso. Deben informar quiénes están evaluados”, indicó.
No hay resultados de la auditoría al Fortaseg.
Hernández Gómez informó que solicitará también al Cabildo el resultado de la auditoría que aplicó la Contraloría Interna al manejo financiero del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortaseg).
Sobre todo, los montos de inversión, en qué se ha gastado y la efectividad de la erogación en la situación actual de inseguridad que azota al municipio desde el inicio de este año.
“Solicitaremos que la Contraloría entregue el informe a la brevedad y que sea aprobado por el Cabildo. También es necesario conocer la actividad del enlace, Efraín Zúñiga, con el secretariado nacional”, añadió.
De acuerdo con el síndico procurador, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública les confirmó que Zúñiga Cortés también debe someterse a la evaluación y certificación, además de ser auditado.
Porque, añadió, “todos los involucrados en seguridad manejan información sensible o confidencial y tienen que evaluarse”, y recalcó que pedirán la evaluación d todos los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Municipal.
