Chilpancingo, Gro. 26 de Marzo del 2017 (IRZA). – El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció que un juez concedió una orden de aprehensión al Ministerio Público Federal en contra de él y otras siete personas que realizaron una protesta en las oficinas de Prospera.
Esa protesta la realizaron el pasado 9 de marzo en las oficinas de esa dependencia federal, en esta capital, cuando lanzaron huevos y jitomates a la fachada del edificio para pedir la reinstalación de media docena de trabajadoras que fueron despedidas a principios de año.
El pasado jueves, Chávez Adame fue detenido por policías ministeriales del estado por una orden de aprehensión relacionada con hechos ocurridos en el 2014, cuando abrió la bodega del DIF donde se mantenían almacenados apoyos para damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.
El dirigente de la APPG fue liberado al día siguiente, luego que un juez local le fijara una fianza para permitir seguir su proceso penal en libertad condicional, pero ahora dio a conocer que un juez federal ha concedido otra orden de aprehensión por los hechos del 9 de marzo en las oficinas federales de Prospera.
Nicolás Chávez ofreció una conferencia este domingo en su domicilio particular, acompañado de dirigentes de la dirección colectiva de Organizaciones Sociales, en donde informó que van a tramitar un amparo a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
El dirigente de la APPG consideró que esa nueva orden de aprehensión es una estrategia del gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado para reprimir al movimiento social. “Le pido al gobernador Héctor Astudillo que no lo tome a manera personal, debe atender los problemas y no empecinarse en tomar de manera personal los problemas”.
Afirmó que han solicitado que las autoridades atiendan sus peticiones para evitar que haya movilizaciones. “No hay atención a la demanda social, pero ante este embate de las autoridades hemos decidido tomar precauciones todos los compañeros y mantenernos en casa, hasta que nos otorguen el amparo”, dijo.
Añadió que no saben cuántos son los indiciados en el proceso que se les inició por la protesta de Prospera. “Nos han comentado que son ocho en total los compañeros, y denunciamos desde ahora que varias de las denunciadas son las compañeras despedidas, quienes ya fueron objeto de asedio e intimidación por agentes de la PGR”, acusó.
Responsabilizaron a las autoridades estatales y federales de lo que les pudiese ocurrir. “El exceso que existe en Guerrero es el alto índice de violencia, la intolerancia gubernamental, la falta de operadores políticos; la violencia avanza ante una gran soberbia y marginación de los problemas que tiene el estado” (sic), agregó.
