Por: José Molina de la Cruz
Chilpancingo, Gro. 24 de Julio del 2017. – Mientras usen armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y estén fuera de los territorios indígenas, están fuera de la ley, sentenció el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante el desafío de la UPOEG de no desarmarse, ni entregar a los responsables de la masacre que ejecutaron sus elementos en Cacahuatepec.
Este domingo, durante la conformación de un Consejo Estatal de Autoridades, la UPOEG, dirigida por Bruno Plácido Valerio, determinó, no dejar las armas, ni entregar a ninguna persona, por el asesinato de siete personas en una comunidad rural de Acapulco.
En esa reunión, consideraron que ha una intención por parte del Gobierno del Estado de desarmar a las policías comunitarias de su organización y debilitarla de cara al proceso electoral de 2018.
El pasado 10 de junio, miembros de la UPOEG, que conforman la policía comunitaria, irrumpieron en la comunidad de Cacahuatepec, municipio de Acapulco y asesinaron a siete personas, un bebé de un año y una niña de siete entre las víctimas, caso que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene a su cargo.
En lo referente a la Ley 701, dijo que los que se está haciendo, es todo un proceso, tratando de que quede correctamente instalada en términos jurídicos, y acatándose a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Las leyes son generales, las leyes no pueden tener dedicatorias, es algo muy importante, no podemos hacer una ley para ninguna ley en especial, esto es a lo que seguramente se refiere algún comentario que está en el aire”, dijo respecto a los señalamientos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Desde que se anunció el proyecto de reforma a la Ley 701, por parte del Congreso del Estado y Gobierno Estatal, la CRAC ha manifestado que se busca inhibir la presencia de la organización comunitaria, así como limitar su operación en las zonas indígenas.
