Chilpancingo, Gro. 10 de Diciembre del 2017. – El delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, reconoció que “hace falta determinar acciones” para regular la actuación de las guardias comunitarias, aunque dijo que ignora si los gobiernos federal y estatal tienen prevista una posible la intervención con las fuerzas armadas.
Asimismo, indicó que ignora si la Fiscalía General del Estado asignó vehículos con reporte de robo recuperados a estos grupos que tienen su influencia en el corredor del Valle del Ocotito, municipio de Chilpancingo, como ventilaron los propios “comunitarios”.
“Sé que hay algunas versiones, pero en gobiernos anteriores facilitaron vehículos a algunos grupos comunitarios, incluso armamento y personal para resguardar (a sus líderes). Son cosas que se tienen que revisar, hay que ver en qué contexto se dieron, si es legal, si estas acciones son correctas y si no hay que corregirlas”, expresó.
Sobre ese problema aseguró que el gobernador Héctor Astudillo Flores “ha sido muy prudente para no generar mayores conflictos”, pero aseguró que esas agrupaciones “están fuera de la ley e incurren en un delito” al portar armamento de uso exclusivo del Ejército.
En entrevista, opinó que esos grupos operan al margen de la Ley 701 del Reconocimiento de los Derechos Indígenas, lo cual le parece “absurdo” y por lo cual “deben enfrentar un proceso legal”, aunque para eso “hace falta que se determinen acciones”.
Ávila Morales aseguró que el gobernador Astudillo cuenta con todo el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, el cual fue ratificado recientemente por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“El gobierno federal mantiene una estrecha coordinación con el estado a través del Grupo de Coordinación Guerrero y seguirá apoyando con trabajo del Ejército, Marina y Policía Federal, sumados al trabajo de la Policía Estatal”, indicó.
Sin embargo, señaló que también es necesario que la regulación de estos grupos avance en el Congreso local, porque hasta el momento se amparan en la Ley 701 que realmente está dirigida a los pueblos originarios.
“Hemos visto como han proliferado estos grupos que en nada tienen que ver con el contexto con el que fue diseñada esa ley”, dijo, y expresó que hasta ahora no conoce alguna acción legal y operativa en contra de esas agrupaciones.
