Cortesía de Miguel Ángel Arrieta
Antes de avanzar en la politización del problema que derivó en el asesinato de once personas en el poblado de La Concepción, los organismo civiles y oficiales involucrados en el seguimiento de esos hechos, deben establecer una estrategia mediática incluyente que permita a la sociedad conocer a fondo los antecedentes del caso, para desterrar integralmente la posibilidad de repetir una confrontación de dicha magnitud.
Aunque prevalece la idea de que la tragedia se originó de una discusión entre policías comunitarios y vecinos de La Concepción por la detención de un joven que se negó a ser “reeducado”, en el fondo abundan indicios de que el conflicto real tiene raíces en la operación ilegal de un cuerpo de seguridad comandado por Marco Antonio Suastegui, como eje central del supuesto movimiento de defensa contra la construcción de La Parota.
Lo malo para quienes asumen esa versión es que la posibilidad de materializar esa propuesta se mantiene más orientada hacia su extinción ante los tiempos de incertidumbre que genera el relevo sexenal, por lo que los argumentos presentados por Marco Antonio Suastegui para alimentar el planteamiento de que su lucha obedece a un movimiento de defensa civil dejaron de tener validez hace años.
La Parota se quedó congelada en terreno de indefinición por lo menos hasta el próximo sexenio. En los poco más de dos años que lleva el gobierno de Héctor Astudillo, el proyecto de la mega presa no ha sido puesto en la mesa ni una sola vez.
En realidad, lo que ha pretendido desde hace buen tiempo Suastegui es tender una bruma impenetrable para encubrir lo que sucede en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, comenzando por la conformación de su grupo de autodefensa.
De hecho, los documentos que sustentan la existencia de los cuerpos de seguridad operados por la Crac establecen que, para asumir como policía comunitario de determinada localidad, en primer lugar, la población debe estar clasificada como indígena o afromestiza, y los guardias deben cumplir con el principio legal de pertenencia, es decir, deben ser vecinos de la comunidad a vigilar.
Por lo pronto, Marco Antonio Suastegui no es ni ejidatario ni vecino de las poblaciones ubicadas en la franja identificada como Bienes Comunales de Cacahuatepec. Suaustegui tiene su domicilio en la colonia Icacos, en plena zona turística de Acapulco.
El problema es que luego de asumirse como líder del movimiento contra la construcción de La Parota, Marco Antonio instaló un cacicazgo mediante el que imponía su voluntad, -legal e ilegal, a través de intimidación y violencia contra sus críticos y opositores.
El historial de abusos y atropellos cometidos por Marco Antonio Suastegui lo llevaron a prisión en dos ocasiones bajo los cargos de allanamiento de morada, robo de vehículos, ataque a vías de comunicación, privación ilegal de la libertad, amenazas, robo calificado, homicidio calificado y abigeato, pero en un afán populista e irreflexivo, Rogelio Ortega lo liberó durante su paso interino por la gubernatura.
Durante los últimos dos años Suastegui reconstruyó su mini gobierno atemorizante en las comunidades de Cacahuatepec con procedimientos apegados a la guerrilla o al crimen organizado.
El modus operandi de Suastegui incluye adquisición de armamento de alto poder, vehículos y la disponibilidad de una nómina para pagar el grupo de paramilitar que lo acompaña permanentemente y que ha establecido un perímetro inaccesible en el área que controlan dentro del municipio de Acapulco.
En este contexto, la pregunta obligada en una primera revisión de los hechos es ¿de dónde obtiene Marco Antonio Suastegui el dinero para instalar un aparato de control policial como el que opera?
De los elementos que se reúnan para dar respuesta a este cuestionamiento, parte la base que debe conducir la investigación de lo ocurrido en La Concepción.
