Chilpancingo Gro; a 23 de noviembre de 2018.- La diputada Fabiola Rafael Dircio solicitó exhortar al Ejecutivo estatal para que instruya al secretario general de Gobierno que supervise el actuar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en aras de la impartición de justicia laboral burocrática.
Esto con el propósito de que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita, que permita a los litigantes tener acceso a los expedientes en el horario de labores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a consultar el número de documentos que sean necesarios, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al presentar la propuesta, la diputada Fabiola Rafael dijo que el exhorto es derivado de la solicitud de presidentes municipales y de abogados litigantes en la entidad que han reportado el actuar del personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuyo presidente tiene conductas que generan la obstrucción de la impartición a la justicia.
Dijo que la principal queja es la limitación a los abogados o autorizados de las partes para consultar los expedientes necesarios de los procedimientos en demanda, sólo autorizando dos expedientes al día, bajo el motivo de que hay sobrecarga de trabajo y únicamente brindando atención de 09:00 a 14:00 horas, a pesar de que en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se labora en un horario de 09:00 a 15:00 horas.
Lo anterior, dijo, es un obstáculo al acceso a la justicia pronta y expedita, pues aun y cuando es un derecho de las partes acceder a las actuaciones que integren los expedientes laborales en los que figuran como interesados, este derecho se ve severamente transgredido, dejándolos en total estado de indefensión, pues al no poder consultar de manera ágil los expedientes, las partes se ven imposibilitadas para promover los correspondientes recursos legales que se pretenden instar en defensa de los derechos de sus patrocinados.
Dijo que el exhorto es de suma importancia porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado no puede imponer condiciones ni estorbos entre los justiciables y la acción de los tribunales, ya que representa un serio problema para quienes se encuentran en juicios laborales, así como de las administraciones municipales que actualmente se encuentran actualizando su información de un número importante de demandas.
