Chilpancingo Gro; a 29 de noviembre de 2018.- Con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero aprobada por la LXII Legislatura, se pone fin a las compensaciones, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos y comisiones que permiten a muchos funcionarios públicos tener un ingreso por encima de muchos guerrerenses.
De acuerdo con el dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, derivado de una iniciativa que propuso el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con este nuevo ordenamiento se regulan las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes del Estado, los municipios y de los entes públicos, incluidos aquéllos que cuentan con autonomía estatal.
Se menciona que dicho ordenamiento es procedente porque existe un hartazgo y desafección de los guerrerenses con la clase política y sus funcionarios porque se ha caído en un ciclo vicioso donde cada administración pública de manera desmedida e injustificada dispone de grandes cantidades de dinero en concepto de retribuciones.
En ese nuevo ordenamiento, se establecen criterios de asignación, control y supervisión con la posibilidad de denuncia por la ciudadanía para evitar retribuciones estratosféricas, sin menoscabar el derecho a recibir un salario digno y respetando siempre las prestaciones de los trabajadores con menor capacidad económica.
Además, con la nueva Ley de Remuneraciones se acaba con los procedimientos arbitrarios en la designación de las remuneraciones de los servidores públicos, que en muchos casos conlleva a la conformación de privilegios que se traducen en el derroche de recursos públicos en ese rubro, mientras se dejan de cubrir otras necesidades importantes para los guerrerenses.
Iniciativas
En la misma sesión, diputados del Grupo Parlamentario del PRD presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la Comisión Ordinaria de Minería.
Asimismo, se designó a los titulares de las Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, Benjamín Gallegos Segura y Eusebio Pérez Almonte, respectivamente.
En una sesión anterior, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformar la denominación del capítulo sexto al noveno y se adiciona un capítulo a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, para crear un órgano interno de control dentro de dicho organismo, con la finalidad de conocer de las irregularidades administrativas que pudieran cometerse.
Acuerdos
A nombre de la Junta de Coordinación Política, la diputada Guadalupe González Suastegui dio lectura a un Acuerdo con que se reprograma la comparecencia del secretario de Educación Guerrero, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
