*También “debilitar contrapesos” en la democracia, sostienen
Chilpancingo Gro; a 10 de diciembre del 2018.- Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Guerrero, se pronunciaron contra la “intromisión” del Ejecutivo Federal, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende “debilitar el sistema de frenos y contrapesos” de la democracia y “vulnerar el Estado de Derecho”.
Esa “intromisión” tiene que ver con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que ningún funcionario público federal deberá ganar (como sueldo) más de lo que al mes percibe el titular del Poder Ejecutivo, que son 108 mil pesos al mes, lo que contrasta con el salario de 600 mil pesos mensuales asignados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante un posicionamiento público rechazaron que se opongan a la reducción salarial y políticas de austeridad anunciadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López obrador.
Anunciaron que a través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito promoverán una “amplia defensa” mediante demandas de amparo contra los “intentos legislativos” que persiguen la “injerencia en la vida interna” del PJF.
En un mensaje a medios de comunicación y a nombre de los jueces y magistrados, Basilio Rojas Zimbrón, titular del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, advirtió que el Poder Judicial de la Federación “está sometido a riesgos y amenazas”.
Sin precisarlas, señaló que la Cámara de Diputados analiza diversas iniciativas de ley que podrían “minar” su “autonomía institucional y personal”, por lo cual advirtió: “contra esos riesgos y amenazas estamos en pie de lucha por la defensa del Estado de Derecho”.
El también representante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., resaltó que el Poder Judicial es autónomo y que está en condiciones de igualdad con los otros dos poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo.
El juez federal alertó que el riesgo del “debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones” si continúa esa campaña de desprestigio, pues López Obrador ha expresado que los ministros integrantes de ese poder son deshonestos porque ganan 600 mil pesos mensuales.
No hay privilegios salariales
El juez federal rechazó que los jueces y magistrados del PJF sean “privilegiados” y que viven en el “abuso del erario (sic)” con sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales, lo cual “no corresponde ni cercanamente a la realidad”.
En ese contexto advirtió que el desempeño de su función “implica asumir diversos riesgos”, que ahora son más evidentes “por los momentos (de violencia) que vive el país”, y porque “además de las presiones derivadas de los vaivenes políticos, también enfrentamos situaciones que ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”.
Cabe mencionar que senadores y diputados federales de Morena, anunciaron que, pese al rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la política de “austeridad republicana”, que prevé la reducción salarial, se aplicará a partir del próximo año.
De acuerdo con Rojas Zimbrón el verdadero objetivo es el sometimiento del Poder Judicial: “En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie, salvo su sumisión a la Constitución y a los tratados internacionales”.
Lanzó: “La independencia impide las injerencias e intromisiones de intereses ajenos a la ley por parte de cualquier autoridad y cualquier tipo de presión social o económica y del flagelo de la corrupción: eso es lo que estamos defendiendo”.
El titular del Juzgado Primero de Distrito agregó que los “intentos por condicionar a los juzgadores federales” se han maquillado ante la opinión pública como “ejercicios modernizadores”, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y que permitirán ahorros, pero insistió en que en el “fondo esconden su verdadera intensión: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.
Pese a eso Basilio Rojas Zimbrón aseguró que seguirán haciendo valer los derechos de las personas contra actos arbitrarios de autoridades y en ese sentido recordó las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la Ley de Seguridad Interior y recientemente el fallo que de manera cautelar suspende la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. (www.agenciairza.com)
