Chilpancingo, Gro. 22 de Agosto del 2016 (IRZA). – La sociedad guerrerense no observa a la trata de personas como delito, sino como “costumbre social”, sobre todo en la región Montaña, donde los padres venden a sus hijas hasta a cambio de animales.
Además, este fenómeno compite con el tráfico de armas y de drogas como el delito más redituable anualmente, dijo Ángela Quiroga Quiroga, fiscal especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR).
La funcionaria acudió a la mesa de trabajo denominada “Trata de Personas” que organizó este lunes la Comisión de Justicia del Congreso local, para analizar la armonización de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.
En su ponencia, Quiroga indicó que la atención a los delitos de género radica en la prevención, y advirtió que la ley será “inoperante” si no existe el compromiso de las autoridades para erradicar ese delito.
Consideró que la intervención de la Fiscalía debe ser únicamente para “erradicar la impunidad”, pues en la mayoría de los casos hasta la víctima colabora con base a una costumbre, y esta conducta no tiene rechazo social ni es una actividad reprochable, pero sí genera criminalidad cuando existe explotación sexual.
Sin embargo, se negó a ventilar si han recibido denuncias contra funcionarios estatales o municipales por incurrir en esta práctica, pues señaló que el área a su cargo no es “competente” en ese sentido.
Quiroga esquivó el cuestionamiento sobre el futuro de esta ley en Guerrero, que adolece de la correcta aplicación de la ley y en donde se han exhibido presuntos vínculos entre autoridades con grupos delictivos.
Explicó que su presencia en la reunión fue para conocer el perfil de la iniciativa que prepara la Comisión de Justicia que preside el diputado priísta Héctor Vicario Castrejón, pero sin profundizar en el contexto que vive la entidad.
El vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, coincidió en que la solución a ese delito está en la prevención y no sólo en la persecución, investigación y castigo contra quienes lo cometen.
Pero el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, admitió que “nos preocupa la evolución y el resultado que no hemos alcanzado como institución” en la atención a esos delitos.
Dijo que la región Montaña de Guerrero concentra el mayor índice de trata de personas porque la pobreza es el motor que la impulsa, además de la “inacción” de las autoridades municipales.
Agregó que, por conductas y costumbres, es “normal” que los padres vendan a sus hijas, lo que exige la intervención de todas las autoridades, pues además de que lastima como sociedad, es un delito que debe castigarse.
La diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Comisión de Gobierno, señaló por su parte que el Congreso del Estado impulsará las leyes que sean necesarias para proteger a la población, como en este caso, en la cual también deben difundirse los derechos de los ciudadanos.
Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró a su vez que se agilizará el trámite legislativo para armonizar la ley de trata de personas, porque es un compromiso conjunto con la Comisión de Gobierno.
Julio Antonio Hernández Barrios, comisionado de la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas, expuso que han atendido “decenas de casos”, pero insistió en que no tenía de memoria la cifra sobre la estadística de Guerrero.
