Chilpancingo, Gro. 20 de Septiembre de 2020.- Diputados locales reconocieron que no existe legislación que avale sanciones, multas o infracciones contra ciudadanos y choferes del servicio de transporte público que desacaten el uso de cubrebocas, el cual se ha establecido como obligatorio para reducir el riesgo de contagio de COVID-19.
“Tienen razón los agentes viales; no está legislado que no portar cubrebocas sea motivo de infracción a un chofer o de una multa al ciudadano”, dijo Bernardo Ortega Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRD.
En entrevista telefónica con Agencia de Noticias IRZA, admitió que su bancada no tiene la propuesta en su agenda legislativa la propuesta de sancionar a los ciudadanos, especialmente a los choferes del transporte público que no utilicen cubrebocas, pero aclaró que podrían retomarla.
Consideró que el uso de este accesorio debe ser responsabilidad social, y agregó que el gobierno estatal y los municipales han recomendado a los permisionarios del transporte púbico a que hagan conciencia y que sus trabajadores también lo porten.
“La ciudadanía debe tener voluntad y aportar su voluntad para que esto pueda parar, porque si no hay voluntad y decisión de la ciudadanía, así vamos a estar, y quien sufre es el pueblo, la familia del enfermo o de quien fallece por el COVID-19”, dijo.
Hizo un llamado a los choferes, a la ciudadanía en general, pero también a quienes utilizan el transporte público y acuden al marcado, a que utilicen cubrecocas, pues es la medida más afectiva que está al alcance en este momento para reducir el riesgo de contagio.
“No la hay, pero es una conciencia ciudadana”, opinó por su parte Eunice Monzón García, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, también en entrevista telefónica con Agencia de Noticias IRZA, y consideró que la propia población en su conjunto debe protegerse.
“Es una cuestión de conciencia social con uno mismo y con la familia. Mientras no haya condiciones para volver a lo más cercano a una normalidad, nuestras actividades van a ser limitadas”, dijo.
Recientemente el subsecretario de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Chilpancingo, Agustín Maldonado García, reconoció que no han “infraccionado” a ningún conductor porque la sanción no está establecida legalmente.
Al respecto, Monzón García comentó que los conductores del transporte público deben asumir su responsabilidad y protegerse porque, además, es el medio por el que llevan el sustento a sus familias, y “creo que es una acción de conciencia colectiva y propia”.
Hace unos días el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, anunció que presentó al Congreso una propuesta para que en la Ley de Ingresos se estipulen sanciones contra los ciudadanos que no porten cubrebocas, pero la diputada Monzón aseguró que no la conoce.
“Sé que él dijo que la había presentado, pero no la tenemos turnada a ninguna comisión, no hemos dado vista de ello. En mi caso, la Mesa Directiva no la conoce, aunque pudo haberla turnado a través de Servicios Parlamentarios”, dijo.
Sin embargo, confirmó que la Comisión de Justicia analiza una propuesta de reforma al Código Penal para sancionar con cárcel a las personas que infectadas por COVID-19 infecten intencionadamente a otras, incluso por omisión.
“La Comisión tendrá que estudiar y tener la opinión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), porque hay que cuidar mucho la violación a los derechos humanos; no es tan fácil legislar en ese sentido; si lo fuera, muchos estados ya lo habrían hecho”, señaló.
