Chilpancingo Gro; a 26 de abril del 2020 (IRZA).- Diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local acordaron agilizar el dictamen para la aprobación de la nueva Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la que aprobó la 61 Legislatura, en agosto del 2018.
En este acuerdo participaron los coordinadores parlamentarios de Morena, Jesús Villanueva Vega; del PRI, Héctor Apreza Patrón; y del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, con la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
“Se comprometieron a establecer una ruta de comunicación y de considerar la participación de los representantes de los pueblos y comunidades”, confirmó en entrevista telefónica el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, de Morena, quien pidió a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, que preside el perredista Bernardo Ortega, que entre cuanto antes al dictamen porque “hay elementos suficientes” para emitirlo.
Apenas el lunes 20 de abril, la SCJN invalidó la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas que aprobó la 61 Legislatura, en agosto del 2018, a escasos días de concluir su periodo parlamentario.
De acuerdo con el máximo órgano jurisdiccional del país, la citada reforma careció de una consulta previa a los pueblos originarios, principalmente a la comunidad afromexicana, con base al recurso de inconstitucionalidad que promovió al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en septiembre del 2018, al considerar que la modificación violó preceptos constitucionales y convencionales, como el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado “Protocolo de San Salvador”.
En ese sentido la SCJN dio al Poder Legislativo de Guerrero un plazo de 12 meses, a partir de que la declaratoria de invalidez se publique en el Diario Oficial de la Federación, para realizar una nueva convocatoria para realizar las consultas a los pueblos originarios.
Pero en entrevista con Agencia de Noticia IRZA, Ríos Saucedo señaló que, anticipados al fallo de la SCJN, desde hace más de un año organizaron 4 parlamentos abiertos en Chilpancingo y 10 foros de consulta en las zonas indígenas y afromexicanas, los cuales sustentan la nueva iniciativa de ley que presentó el diputado Aristóteles Tito Arroyo en diciembre del 2019.
En todo ese proceso, agregó, han contado y seguirán recibiendo el apoyo técnico y jurídico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuyas autoridades han ofrecido su colaboración a la Jucopo y comisión dictaminadora del Poder Legislativo.
Al respecto explicó que la nueva ley indígena no se enfoca únicamente en los aspectos electoral y de seguridad y justicia comunitaria, sino que es un espectro mucho más amplio que garantiza igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para la población indígena y afromexicana. (www.agenciairza.com)
