Chilpancingo Gro; a 24 de enero de 2019.- Para diseñar y fortalecer políticas públicas que permitan la plena reconstrucción del tejido social como eje principal para la recuperación del Estado de Derecho, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez planteó exhortar al Ejecutivo federal para que en la próxima concertación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados se destinen recursos suficientes para la prevención del delito.
Mediante un acuerdo que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, el legislador señaló que las estrategias bien planificadas para prevenir el delito no sólo reducen la delincuencia, sino también la victimización, mejorando la calidad de vida de la sociedad, además de que genera beneficios a corto, mediano y largo plazo.
Agregó que “la delincuencia tiene su origen en múltiples causas socio-factoriales y para combatirlas es necesario un enfoque coordinado y multisectorial, en el que todos los niveles de gobierno y sociedad nos involucremos, porque la prevención del delito no es responsabilidad únicamente de la policía y del Sistema de Justicia Penal, sino también de la sociedad en su conjunto”.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública refirió que el recurso destinado al Programa con Prioridad Nacional en Materia de Prevención del Delito es reducido, porque es el único eje al que no se destina aportación federal y el recurso es cubierto con la aportación estatal, por ello es urgente fortalecer las acciones de este rubro para recuperar el pleno Estado de derecho.
En ese sentido, dijo que el tema de seguridad obliga a los actores políticos a realizar acciones conjuntas por el bien de la sociedad. “Reconozcamos la urgencia de solicitar al Ejecutivo federal que instruya a los responsables de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que realicen acciones correspondientes para que en la próxima concertación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado destinen recursos suficientes en materia de prevención del delito”.
