Con el fin de evitar lagunas legales y que se cumpla con el marco normativo constitucional en materia federal, el diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política local para emitir la Ley de Responsabilidad Patrimonial en el Estado.
Lo anterior, debido a que Guerrero es una de las tres entidades federativas donde el Congreso local no ha cumplido con su obligación de elevar a rango constitucional la responsabilidad patrimonial y, en consecuencia, emitir la Ley en la materia.
El legislador de Morena reseñó que el 14 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba la modificación de la denominación del Título Cuarto y se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma tiene como finalidad incorporar la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado mexicano.
El mandato estipulaba la obligación para las entidades federativas de regular dicha figura a partir de su publicación, concluyendo el 14 de junio del 2004.
Cabada Arias enfatizó que la Regulación de la Responsabilidad Patrimonial del Estado tiene como finalidad que las administraciones públicas sean eficaces y eficientes, “cuya actividad esté basada en el respeto a los derechos humanos, establecer el derecho de los administrados a una indemnización por actividad administrativa irregular y exigir la reparación del daño que se le ha causado por acción u omisión de los servidores públicos; es decir, los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
