Chilpancingo Gro; a 21 de septiembre de 2020.- Como parte de las actividades por su 30º aniversario, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) realizó el foro virtual: Violencia contra las mujeres y alerta de género.
Esta actividad contó con la participación de expertos destacados a nivel nacional, como parte de las acciones permanentes de la CDHEG para promover los derechos humanos a través de las nuevas plataformas tecnológicas.
El evento fue también un reconocimiento al exgobernador José Francisco Ruíz Massieu, quien creó en Guerrero la primera Comisión de Derechos Humanos del país.
La Coordinadora de Vinculación con Instancias Públicas de la CDHEG, Violeta Carolina Parra Reynada, estuvo a cargo de la moderación del foro, que contó con la participación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda; la coordinadora de Obvio Guerrero A. C., Viridiana Gutiérrez Sotelo y el coordinador general de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Márquez.
En su mensaje de bienvenida, el presidente de la CDHEG, Ramón Navarrete Magdaleno, destacó que en el foro se tratarían temas actuales de interés social, cuya difusión sería de amplia utilidad para todos los que visualizaran la transmisión desde dentro y fuera de Guerrero.
*Trata de personas, esclavitud moderna
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, expuso el tema de la trata de personas.
Explicó que esta actividad ilícita se realiza, principalmente, con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o formas análogas a la esclavitud o servidumbre, tráfico o extracción de órganos.
Indicó que la captación de víctimas se logra mediante diversos mecanismos, pero el principal es el enamoramiento, que después da lugar al chantaje y la explotación.
Detalló que, en su mayoría, las victimas proceden de comunidades indígenas o muy pobres.
Una vez que son enganchadas, “no tienen ningún tipo de red de soporte, de apoyo, empiezan a vivir un infierno”.
En algunos casos, las mujeres son embarazadas y sus hijos son utilizados como método de chantaje.
En otros casos, detalló que las víctimas son sometidas a diversas torturas hasta quebrar su voluntad.
“Las dejan sin comer muchos días, las golpean, las drogan y cuando están drogadas empiezan a sufrir una serie de violaciones, las venden y pueden estar hasta con 30 hombres en un sólo día; todo rastro de dignidad humana es totalmente pisoteado, mancillado, vejado”, expuso el ombudsperson de Tlaxcala.
Del Prado Pineda explicó que la trata de personas “es un tema muy complejo”, ya que incluso existen redes complejas a nivel nacional e internacional.
Indicó que una mujer entre los 12 y los 21 años puede generar ganancias anuales de entre dos y tres millones de pesos.
Cada tratante llega a tener hasta 30 víctimas repartidas en varias casas de seguridad, lo que dejaría ganancias mínimas estimadas en 60 millones de pesos al año.
Por ello, sostuvo que las políticas públicas deben enfocarse en la construcción de redes de soporte y ayuda para la sociedad.
Además, consideró que las familias deben asumir su responsabilidad, ya que las victimas más fáciles de enganchar son aquellas que “no tienen amor en su hogar”.
“Esas son las víctimas más fáciles porque no tienen quién las cuide, quién las apoye (…), la trata de personas es la esclavitud moderna”, explicó.
Asimismo, dijo que se tienen que involucrar todos los actores institucionales, como las comisiones de derechos humanos, las procuradurías, la Secretaría de Educación Públicas y el DIF.
También señaló la urgencia de que se formulen investigaciones serias, bien documentadas, que terminen en sentencias condenatorias.
*Guerrero enfrenta un contexto de violencia feminicida
Viridiana Gutiérrez Sotelo es coordinadora de Obvio Guerrero A.C., organización peticionaria de la Alerta por Agravio Comparado para el estado de Guerrero.
En su participación, expuso sobre las dos declaratorias de alerta por violencia de género decretadas en la entidad.
Explicó que la finalidad de estas alertas es detener y erradicar la violencia contra las mujeres, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.
Gutiérrez Sotelo advirtió que Guerrero enfrenta un contexto de “alto índice de violencia feminicida”.
Recordó que en la primera alerta por violencia feminicida decretada en 2017 se establecieron 23 medidas para aplicarse en nueve municipios: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Sin embargo, señaló que solamente se ha cumplido el 32 por ciento, lo que significa que Guerrero “tiene una calificación reprobatoria”.
Respecto a la alerta de violencia de género por agravio comparado decretada este año, explicó que se debe al impedimento legal para que las víctimas de violación accedan a un aborto legal y gratuito, a pesar de que está contemplado dentro del Código Penal del estado.
Explicó que esto se debe a “un candado” en la legislación, que exige la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar la práctica del aborto.
Gutiérrez Sotelo advirtió que “hay cifras muy claras de la violencia que se ejerce contra las mujeres”.
Puntualizó que, en 2018, Guerrero se ubicó entre las tres entidades federativas con mayor índice de embarazo adolescente, con 23.1 nacimientos por cada cien mil mujeres entre 10 y 17 años.
Asimismo, apuntó que de 2012 a 2017 la Secretaría de Salud registró ocho muertes por aborto en Guerrero, las cuales pudieron prevenirse si las mujeres hubiesen tenido acceso a abortos seguros y legales.
La presidenta de Obvio Guerrero indicó también que entre 2016 y 2019 se abrieron 13 carpetas de investigación por aborto.
*Declaratorias de alerta deben ser efectivas
El coordinador general de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Márquez, participó con el tema de La Alerta de Género en la Suprema Corte de Justicia.
En su intervención, expuso sobre la experiencia de Veracruz, estado que cuenta con dos declaratorias activas.
Recordó que, en abril de 2016, diversas organizaciones de la sociedad civil se dieron a la tarea de documentar los casos de violencia de género.
En ese proceso, registraron más de 400 casos de niñas de entre 10 y 14 años embarazadas, que fueron obligadas a llevar sus partos a términos.
Explicó que a las menores se les negó la posibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo, a pesar de que fueron víctimas de violación por familiares o personas cercanas a ellas y que el proceso ponía en riesgo su vida debido a que sus cuerpos infantiles no estaban preparados.
Dicha situación, dijo, se constituye en un acto de tortura contra las menores.
Señaló la similitud que existe en las declaratorias de Veracruz y Guerrero.
De acuerdo con Domínguez Marquez, es urgente que los gobienos asuman su responsabilidad y logren mecanismos verdaderamente operativos, que ayuden a salvar vidas, a garantiar la seguridad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
Aseveró que actualmente existen “elefantes blancos que no sirven para el objetivo que tienen”.
“Es fundamental que los estados asuman sus responsabilidades para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y que las declaratorias de alerta por violencia de género se conviertan en mecanismos efectivos para reducir estos contextos de violencia extrema que se están dando en todo el país”, sentenció.
