Chilpancingo, Gro. 07 de Mayo del 2018. – El gobierno de Guerrero recibirá en 31 días declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de 6 mil 500 servidores públicos del Poder Ejecutivo, incluido el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Arturo Latabán López, encargado de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, precisó que la cifra podría aumentar por la incorporación de funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en este ejercicio de transparencia.
Dijo que a esa declaración de bienes ya se sumaron los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Tribunal de Justicia Administrativa, mediante la firma de convenios.
Agregó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya cuenta con un convenio para que los magistrados, jueces y personal administrativo cumplan con esa medida, pero es necesario actualizarlo.
En entrevista precisó que el periodo de recepción será del 1 al 31 de mayo, en el cual los servidores públicos, desde el jefe de Departamento hasta el gobernador, deberán cumplir con la presentación de sus declaraciones.
De acuerdo con Latabán López, esa obligación también deben cumplirla los funcionarios que tengan a su cargo el manejo de recursos materiales, financieros y humanos en la estructura de la administración estatal,
Explicó que los servidores públicos podrán presentar sus tres declaraciones -patrimonial, fiscal y de interés- a través del programa “Declaranet-Guerrero” del portal oficial de internet de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el cual estará en funcionamiento durante las 24 horas del día.
Agregó que, en las oficinas de la Dependencia estatal, ubicadas en Palacio de Gobierno, se instalaron módulos de atención, asesoría y acompañamiento que operan de las 9 a las 16:00 horas, por lo cual no hay impedimento para cumplir con esa obligación.
Latabán confió en que cumplirán el 100 por ciento de las declaraciones, como indicó el gobernador Héctor Astudillo Flores: “el llamado es a presentarla en tiempo y forma para evitar sanciones”.
Comentó que la Ley establece que los funcionarios que no presenten su declaración serán notificados para que en un plazo de 30 días cumplan con su responsabilidad y que en caso de no hacerlo serán sancionados con la destitución o inhabilitación de 3 meses a un año.
La declaración, agregó, “es un mecanismo que permite evaluar el patrimonio del servidor público y que la ciudadanía tenga la percepción honesta, clara y transparente del funcionario. Estamos obligados a hacer este ejercicio para crear confianza en la ciudadanía”, aseguró.
(www.agenciairza.com)
