Cochoapa El Grande Gro; a 10 de octubre del 2021.- Una mujer indígena junto con tres de sus hermanitas y su abuela de 70 años, permanecen detenidas en una Casa de Justica operada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en la comunidad de Rio Verde, municipio de Cochoapa El Grande, en Guerrero, como medida de presión para que se devuelva el pago por un matrimonio entre menores de edad.
De acuerdo con la denuncia que presentó ante la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, la mujer indígena de 15 años que fue identificada como Angélica, fue obligada a casarse con otro menor de nombre Rafael Julián, originario de la comunidad Joya Real, luego de que se efectuara un pago de 120 mil pesos a los padres de la contrayente, tal y como se sigue acostumbrando en esas comunidades de la montaña de Guerrero.
Meses después de celebrase este casamiento, el joven esposo emigró a los Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas, dejando a su esposa bajo el cuidado de sus padres.
Sin embargo, y ante dicha ausencia, el suegro de Angélica intentó abusar sexualmente de ella hasta en cuatro ocasiones sin poder conseguirlo, situación que lo molestó y ahora exige que le regresen los 120 mil pesos que pago por su nuera, más los intereses que a la fecha sumarian 210 mil pesos.
Con la ayuda de la policía comunitaria que opera la Casa de Justica en la comunidad de Rio Verde, el suegro cuya identidad no fue revelada, logró que detuvieran a su nuera, así como a tres de sus hermanitas de 8,9 y 10 años, además de la abuela de estas de nombre Petra que tiene 70 años, para obligar al señor Juan Manuel -padre de Angélica y sus hermanitas-, para que firmara un pagaré en blanco y se comprometiera a pagar los 210 mil pesos que exige como “reparación del daño”.
Aunado a esta situación, la madre de las cuatro menores detenidas de nombre Concepción, fue agredida físicamente por los Policías Comunitarios cuando les llevo de comer a las celdas donde se encuentran encerradas, provocándole que perdiera el embarazo de trillizos, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital regional de Ometepec para salvarle la vida.
Familiares de Angélica y sus hermanitas piden la intervención de Javier Rojas Benito, secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicano (SAIA), para que las cuatro menores y su abuela sean liberadas de inmediato ya que llevan recluidas 10 días en la Casa de Justicia, además de que se finquen las responsabilidades correspondientes a los responsables de provocar el aborto que sufrió la señora Concepción.
