Chilpancingo, Gro. 05 de Diciembre del 2016 (IRZA). – La iniciativa que promueve la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para que el Ejército se encargue de la “seguridad interna” del país, dividió a los diputados de Guerrero.
El diputado Jesús Martínez Martínez (PT), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, rechazó la propuesta porque, entre otras cosas, dijo, daría libertad a las fuerzas castrenses para cometer violaciones individuales, amparadas en acciones de seguridad.
Pero el priista Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, adelantó su respaldo al “resultado final” de la iniciativa, aunque matizó que debe analizarse con “responsabilidad” a fin de evitar libertades que trasgredan a los ciudadanos.
La iniciativa para una nueva Ley de Seguridad Interior propuesta por la bancada del PRI de la Cámara de Diputados, en voz del legislador César Camacho Quiroz, ex líder nacional de ese partido, busca “normalizar” la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Argumenta que las fuerzas castrenses no tienen libertad legal para hacerse cargo de las labores de seguridad del país, porque su función está orientada a defender la “soberanía nacional”, pese a que intervienen frente al crimen organizado desde el gobierno de Felipe Calderón.
El artículo 129 de la Constitución federal establece: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, pero la propuesta priista les daría libertad para hacerse cargo de la “seguridad interna”.
Cuestionado al respecto, el priista Héctor Vicario sostuvo que la Cámara de Diputados está tratando de darle “certeza al trabajo” que realizan las fuerzas armadas en las tareas de combate al crimen organizado.
Pero señaló que la iniciativa deberá buscar consensos entre las bancadas parlamentarias, y sobre todo deberá garantizar la legalidad en sus acciones de seguridad para garantizar la paz de los mexicanos en sus hogares y en la vía pública.
“Este tipo de temas deben compartirse, debatirse, aclararse y tener certeza y claridad, para que no se contraponga con lo que establece la Constitución. El objetivo es que logremos abatir la inseguridad y terminar con violencia hasta en su mínima expresión”, añadió.
También dijo que, si la reforma constitucional prospera y se turna a los congresos de los estados para su aprobación, en su caso, en el caso de Guerrero “deberemos actuar con responsabilidad para darle certeza y claridad, sobre todo que se adecúe a las circunstancias que vive Guerrero”.
Pero el petista Jesús Martínez adelantó su rechazó a la propuesta. “No estoy de acuerdo porque el Ejército debe tener otras labores como marca Constitución”.
“De por sí, a pesar de que no está aprobado, hacen labores que no les competen, ahora que se le autoricen podría ser peor. Creo que ha habido muchas violaciones por parte del Ejército; debe analizarse bien y de mi parte no estoy de acuerdo”, expuso.
Sin embargo, aceptó que la representación parlamentaria del PT no tiene la suficiente fuerza política para detener la eventual aprobación de esa reforma, incluso pese al acompañamiento de las bancadas del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena.
Le preocupa que, a través de esta reforma, las fuerzas armadas tengan el control absoluto del país y eventualmente propicien un “golpe de estado”. Por ello consideró que es indispensable promover encuentros con organizaciones civiles para contener esa propuesta.