Chilpancingo, Gro. 22 de Julio del 2016 (IRZA). – La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal tiene asignados a 335 elementos policiacos como escoltas de funcionarios, ex funcionarios -incluidos ex gobernadores- y externos.
Pedro Almazán Cervantes, titular de la dependencia, informó que en esta administración estatal se han asignado 155 elementos en equipos de escoltas de funcionarios, así como ex funcionarios que por ley tienen derecho a ese servicio.
“Por las condiciones de violencia cada vez se requiere de más escoltas, sin embargo, estamos haciendo una estrategia de no asignar tantos elementos”, matizó el funcionario al ser cuestionado por reporteros.
Informó que otro grupo de 180 elementos han sido asignados como escoltas tanto de activistas como de externos, con base a 58 resoluciones de medidas cautelares dictadas por organismos de derechos humanos.
“Están justificados esos casos de acuerdo a las recomendaciones de derechos humanos”, precisó, e indicó que hay varias medidas cautelares que se están reconsiderando para recuperar gradualmente al mayor número de elementos posibles, lo mismo que en el caso de escoltas asignados a funcionarios de este gobierno.
“Desde mi llegada se han ido retirando servicios de escoltas como de medidas cautelares, pero se tiene que ver eso con la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública”, añadió.
Este surgió después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su visita a Acapulco dijo que el 40 por ciento de la Policía del Estado se compone de elementos mayores de edad, y otros asignados como escoltas de políticos, funcionarios y empresarios.
Pero Almazán Cervantes dijo que la Policía Estatal se revisa permanentemente con el propósito de que sea eficaz, y sobre el proceso de certificación, confirmó que no hay avances en la separación de los policías que reprobaron los exámenes de control y confianza, pero que “se sigue buscando recurso para irlos retirando en municipios y estado”
Aunque no precisó una cifra estimada de lo que representará liquidar al cien por ciento de los elementos que no aprobaron el proceso, porque varía de acuerdo a la antigüedad de cada uno, así como la capacidad de cada municipio.
