Chilpancingo, Gro. 20 de Agosto del 2018. – El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova, dijo que el “exceso de personal” es el principal problema financiero de los ayuntamientos en Guerrero.
A mes y medio de concluir las administraciones municipales, el debate se ha centrado en que los alcaldes salientes dejen dejar el recurso proporcional de enero a septiembre para el pago de prestaciones de fin de año.
Así se han pronunciado alcaldes electos, funcionarios estatales, diputados locales y el propio titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Alfonso Damián Peralta, al señalar que es una “responsabilidad” de los ediles salientes.
Consultado al respecto, el secretario de la Contraloría del estado dijo que el principal problema financiero de los ayuntamientos tiene que ver con el exceso de personal, lo que impide generar ahorros.
“Se ha mencionado que los aguinaldos, uno de los problemas de los ayuntamientos, es el exceso de personal. Que no hay presupuesto para todo el personal y el pago se vuelve complicado”, admitió.
Añadió que “sí es cierto que, por ley, el alcalde (saliente) debe generar una provisión y muchas veces no lo tiene porque se gasta (el presupuesto) en sueldos, simplemente”.
Por eso recomendó a los alcaldes electos, quienes asumirán funciones el 30 de septiembre, que hagan las observaciones al momento de recibir las administraciones, y si no cuentan con el recurso, buscar opciones y mecanismos para cumplir con el pago de prestaciones de fin de año, como el aguinaldo.
Conviene más a alcaldes salientes la entrega-recepción
En cuanto al proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales, Loría indicó que los más interesados en cumplir con ese requisito deben ser los alcaldes salientes, pues dejan constancia de lo que entregan.
Después de firmas las actas de entrega-recepción entre los comités de transición, las nuevas autoridades tienen 30 días para revisar la información y solicitar cualquier documentación en caso de alguna irregularidad.
Eduardo Loría informó que la ley prevé sanciones administrativas y hasta penales para las autoridades salientes que no cumplan con esos procedimientos, así como las acciones que por su cuenta iniciaría la ASE y la Contraloría del estado.
Recordó que, en 2015, cuando inicio el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se instaló el cien por ciento de los comités de entrega-recepción, por lo cual descartó posibles problemas para cumplir con ese procedimiento en septiembre próximo.
(www.agenciairza.com)
