Chilpancingo Gro; a 02 de agosto del 2019.- Integrantes del Frente Popular “Francisco Villa” recriminaron a las autoridades estatales por no ejecutar más de 60 órdenes de aprehensión que en el 2015 se giraron en contra de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), a quienes responsabilizaron del secuestro de dos jóvenes campesinos en San Jerónimo Palantla, del municipio de Chilapa.
El dirigente del Frente, Rodolfo Colorado, informó que fueron pagados 20 mil pesos de rescate por los secuestros de los hermanos Sergio y Adolfo Orgín Orgín, a quienes se localizó este jueves en un cerro de la misma comunidad, amordazados y atados de pies y manos, un día después de su secuestro.
En conferencia de prensa, Colorado mencionó que por el secuestro de los campesinos se mantiene retenida en la Comisaría a la señora Tomasa Casarrubias Cortés, a quien acusan junto con Cecilia Calvario Tlatempa y Paulina Salgado Orgín de dar información respecto a los movimientos diarios de los jóvenes secuestrados.
El dirigente de la agrupación aseguró que han dado parte al Ministerio Público de Chilapa respecto a la detención de Tomasa Casarrubias, pero ninguna autoridad ha actuado.
Indicó que el miércoles por la noche, los jóvenes de 16 y 19 años de edad fueron secuestrados en San Jerónimo Palantla, cuando regresaban de sus labores en una parcela de la misma comunidad.
Posteriormente, los “secuestradores”, identificados como Bernardino y David Sánchez Luna, miembros de la CRAC-PF, solicitaron un rescate de 100 mil pesos, aunque finalmente aceptaron 20 mil pesos, mismos que les fueron entregados afuera de la tienda Coppel de Chilapa.
Tras el pago de los 20 mil pesos, los jóvenes fueron localizados en un cerro por personas que se sumaron a la búsqueda, “no porque los hayan liberado”, se quejó Rodolfo Colorado.
Explicó que después de la emboscada del 2015, donde fueron asesinadas cinco personas, y posteriormente el asesinato de una indígena y seis heridos, los integrantes de la CRAC-PF han realizado estas acciones delictivas en los pueblos de Chilapa.
Acusó que los integrantes de la CRAC-PF son responsables del asesinato de cuatro mujeres, entre ellas la mujer embarazada que fue asesinada el 8 de febrero en la Comisaría Municipal.
El dirigente indígena sostuvo que el gobierno estatal es responsable de los acontecimientos suscitados, al no ejecutar las más de 60 órdenes de aprehensión giradas en contra de los integrantes de la CRAC-PF. (www.agenciairza.com)
