Después de la detención irregular de un elemento de la Policía del Estado que venía acompañado por su esposa, sus dos hijas y un cuñado, el Gobierno del Estado hace responsable de la integridad del policía estatal al presidente municipal de Quechultenango, Alberto Rodríguez Jímenez.
El Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que siendo aproximadamente las 15:00 horas fue detenido arbitrariamente el Policia Estatal Preventivo, Guadalupe “N” y llevado hasta a la barandilla de la presidencia municipal de Quechultenango sin garantizarle el debido proceso y sólo por el simple hecho de haberse identificado como policía estatal.
Después de varias llamadas que se le hicieron al presidente municipal, éste argumentó que lo habían detenido junto con otro masculino por andar en estado de ebriedad, a pesar de que no existe ninguna evidencia de un comportamiento indebido.
Al momento de su detención, el policía estatal se dirigía a un balneario en su vehículo particular acompañado de su esposa, sus 2 hijas menores de edad y su cuñado.
En una actitud de abierta provocación, el referido alcalde se mostró siempre renuente a liberar a la persona detenida, incluso, trató de inducir a la Policia Estatal a que fuera hasta Quechultenango.
Con toda mesura la Secretaría de Seguridad Pública evitó la confrontación y por varios canales se le siguió conminando al alcalde para que libera al Policía detenido sin obtener una respuesta positiva.
A las 18:30 horas habitantes de la cabecera municipal de Quechultenango reportaron a los medios de comunicación que habían retenido a dos elementos de la Policía Estatal argumentando que los lincharían en la entrada del Ayuntamiento y el alcalde evadió la responsabilidad de proteger a quienes tenía retenidos.
A las 19:30 horas se tuvo conocimiento que el policía detenido y un varón que lo acompañaba estaban siendo trasladados a Chilpancingo para ser puestos a disposición del Ministerio Público.
Hasta las 20:00 horas, no se sabe del paradero de elemento policial ni el de su esposa, sus hijas menores de edad y el cuñado que lo acompañaban y que permanecían en la Presidencia Municipal esperando que los liberaran.
Álvarez Heredia señaló que se solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para salvaguardar que dichas personas no se les vulneren sus derechos humanos.
