Chilpancingo, Gro. 19 de Junio del 2016. – La Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, no obedece a la exigencia de la sociedad de implementar medidas que permitan combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y políticos deshonestos, criticó Ricardo Mejía Berdeja.
El temor de los corruptos quedó evidenciado en las reformas de última hora, en donde se establecieron mecanismos que más que combatir la corrupción, son disuasivos para frenar el impulso en México de una democracia más participativa, las “adecuaciones” de la Ley 3 de 3, perecieran más una reprimenda para los empresarios y la ciudadanía que cobijaron la iniciativa, muestra de ello, es la redacción dada al artículo 32 de la citada Ley, con la que se pretende incluir las declaraciones como un nuevo trámite para los beneficiarios de programas sociales, subrayó Mejía Berdeja.
“Resulta excesiva la determinación de hacer obligatorias para los empresarios presentar sus declaraciones de conflicto de intereses, patrimoniales y fiscal, mientras que para la clase política sea opcional” señaló el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guerrero.
Pese a la amarga experiencia que representa la tergiversación de la Ley 3 de 3, existe aún una oportunidad para los ciudadanos del estado de Guerrero, así lo comentó Mejía Berdeja, al recordar que desde el pasado 19 de abril los diputados de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de Ley Estatal Anticorrupción. En este ordenamiento se contempla la Ley 3 de 3 a nivel local para el Gobernador, Alcaldes, Diputados Locales, Síndicos, Regidores y servidores públicos.
“Buscamos que se establezcan medidas anticorrupción y pretendemos que se recuperen los activos que se detecten hayan sido producto de estas prácticas nocivas, que se imponga a los servidores públicos y representantes populares la obligación de presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal”, sostuvo el diputado local.
Mejía Berdeja se adelantó a los argumentos de los detractores de la transparencia al señalar que los que se opondrán a instituir el carácter obligatorio de hacer públicas en forma periódica las tres declaraciones “seguramente se escudarán en que la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos no prevé esta obligación, sin embargo, cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión constituyen una plataforma mínima desde la cual las entidades puedan dar sus propias normas tomando en cuenta su realidad social, de ahí que sea jurídicamente viable retomar la legitima exigencia de la ciudadanía para incorporarla la obligación de los Servidores Públicos de cumplir con el 3 de 3 en el Estado de Guerrero, como una medida para frenar la corrupción que ha socavado las instituciones de la entidad”, indicó.
“Los Diputados Ciudadanos no descansaremos en nuestra lucha en el Congreso Local para poner un alto a la corrupción y hacer de nuestra Ley Anticorrupción un derecho de los ciudadanos y una obligación para los Servidores Públicos” adelantó Ricardo Mejía, sabemos que la batalla no es fácil, pero estamos convencidos que con la ayuda de ciudadanos honestos podremos avanzar en el combate a la corrupción, concluyó.
